Venezuela: un dilema crucial para la izquierda latinoamericana / En la opinión de Rafael Croda

Redacción MX Político.- Venezuela se ha convertido en un nuevo hito para la izquierda latinoamericana.

Las definiciones frente a la crisis que vive ese país y frente al régimen que encabeza Nicolás Maduro revelan, más que posiciones políticas, convicciones profundas sobre la naturaleza de los proyectos socialistas que se defienden y sobre principios como la democracia y el respeto a los derechos humanos.

La senadora socialista chilena Isabel Allende, hija del icónico presidente Salvador Allende, quien fue derrocado por el dictador Augusto Pinochet en 1973, ha llamado, por ejemplo, a realizar “pronto” nuevas elecciones en Venezuela en condiciones de transparencia y libertad.

La Internacional Socialista (IS), que congrega a partidos socialdemócratas del mundo –desde el PSOE español hasta el PRD y el PRI de México— reconoció la semana pasada al autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como la persona que debe conducir una transición en ese país.

Tanto Isabel Allende como la IS se pronunciaron al mismo tiempo contra cualquier intervención militar en Venezuela y abogaron por una salida pacífica a la crisis.

En cambio, gobiernos de la izquierda dura latinoamericana, como el de Bolivia y Nicaragua, han respaldado de manera enfática a Maduro, consideran a Guaidó un instrumento del “imperialismo yanqui” y sostienen que el desastre económico y social venezolano se debe a la “guerra económica” desatada por la derecha internacional contra el régimen.

Y la guerrilla colombiana del ELN, que reivindicó el atentado explosivo del 17 de enero contra una escuela de cadetes de la policía en Bogotá en el que murieron 22 personas, afirma que lo que se observa en Venezuela es una intervención de Estados Unidos para derrocar a Maduro y controlar el petróleo de ese país.

Así lo plantea el ELN en su semanario Insurrección, que comenzó a circular en las redes sociales este lunes 4 y el cual trae desplegada en la portada esta frase de Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

El expresidente uruguayo José Mujica, una respetada figura de la izquierda latinoamericana que en los 70 y 80 defendió con las armas su proyecto político, ha mantenido una postura intermedia frente a Venezuela en la que deplora tanto a Maduro como a Juan Guaidó y pide nuevas elecciones, gobierno de unidad y supervisión de la ONU.

También en el centro está la posición de la cancillería mexicana, que aboga por el diálogo entre los actores de la crisis política venezolana “para evitar el conflicto, proteger los derechos humanos y construir una paz democrática en Venezuela”.

Pero más allá de las posturas de los gobiernos no alineados ni con Washington ni con Maduro, el hecho es que todas las izquierdas encuentran argumentos para defender sus posiciones frente a Venezuela.

La intervención de la ultraderecha de Estados Unidos en esta crisis –Mike Pence, John Bolton, Marco Rubio, Elliott Abrams son algunos de los rostros más visibles— les viene como anillo al dedo a quienes hablan de un plan imperial orquestado por Washington para apoderarse del petróleo de Venezuela y neutralizar la creciente influencia china y rusa en ese país.

Las graves violaciones a los derechos humanos en que ha incurrido el régimen de Maduro y las cuales están documentadas por organismos como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han motivado el deslinde de un sector importante de la izquierda latinoamericana del régimen de Maduro.

Las detenciones de dirigentes opositores con cargos por consigna, el asesinato y en encarcelamiento de manifestantes, la inhabilitación electoral de las principales figuras de la oposición y las ejecuciones sumarias de presuntos delincuentes no son inventos del imperialismo.

Tampoco es una calumnia de la derecha el control total que ejerce Maduro del Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), ni las burdas maniobras a través de las cuales el sucesor de Hugo Chávez despojó de todos sus poderes a la opositora Asamblea Nacional.

Y desde luego que la Asamblea Constituyente electa en 2017 sin la participación de la oposición y sin la refrendación popular, como marca la ley, fue en los hechos la creación anticonstitucional de un suprapoder al servicio del régimen.

Así lo han denunciado organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los cuales han sido determinantes para luchar contra la impunidad en casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Es evidente que la profunda crisis política, económica y social en Venezuela, donde Hugo Chávez intentó construir el “Socialismo del Siglo XXI”, ha puesto a las izquierdas de la región ante un dilema crucial en el que la pregunta es si un proyecto socialista puede o no estar por encima de principios como la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Nadie lo plantea en esos términos en el debate público, pero ese es el trasfondo de la discusión que se da en los círculos progresistas latinoamericanos en torno a Nicolás Maduro.

Un sector de la izquierda sostiene que Maduro es un presidente legítimo porque logró su reelección en unos comicios en los que obtuvo el 67.84 por ciento de los votos.

Ese dato es absolutamente cierto, verificable e incontrovertible. Fue el porcentaje que dio el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela tras los comicios del 20 de mayo de 2018, en los cuales Maduro se reeligió para el segundo mandato que inició el 10 de enero, hace apenas tres semanas.

Pero el resultado oficial de la institución encargada de organizar los comicios en Venezuela no necesariamente legitima una elección, como tampoco un resultado de la extinta Comisión Federal Electoral de México legitimaba elecciones en la era del viejo PRI.

Según la CIDH, Maduro logró reelegirse el año pasado en elecciones que “no contaron con las mínimas condiciones para considerarse libres y justas” y “en un contexto estructural de represión y persecución a la disidencia” y de “profundización del deterioro a la libertad de expresión”.

En Venezuela hay una crisis humanitaria que Maduro no reconoce pero que ha expulsado del país a millones de ciudadanos que buscan en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y otros países de la región comida, atención médica y empleo.

También hay un intervencionismo grotesco por parte de Estados Unidos y una fuerte presencia de China y de Rusia en el sector de extracción de recursos naturales.

El economista marxista venezolano Manuel Sutherland considera que el chavismo implantó en su país un modelo rentista petrolero “sin una pizca de socialismo” y una red política clientelar de gran magnitud “que logró profundizar un proceso de lumpenización social de amplios sectores”.

Sutherland, quien fue cesado como profesor de la estatal Universidad Bolivariana por sus críticas al chavismo desde el análisis marxista, considera que un sector de la izquierda latinoamericana trata de justificar desde la honestidad, pero también desde la ingenuidad, al régimen de Maduro.

El chavismo, asegura, ha instrumentado “políticas claramente erróneas y con consecuencias catastróficas para la clase obrera y el pueblo venezolanos, quienes a la sazón deberían ser el centro de su solidaridad”.

Rafael Croda
APRO
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