“Altas expectativas son la clave de todo”: Sam Walton / En opinión de Lilia Arellano

Redacción MXPolítico.- En el Senado de la República imperó la negociación política y se llegó a un acuerdo esperado con todas las bancadas. Para lograr su aprobación en el Pleno, las fuerzas políticas resolvieron modificaciones de fondo a la minuta que crea la Guardia Nacional, a fin de dotar a ésta de una estructura civil y posibilitar continúen las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado durante los próximos cinco años, pero bajo el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. La aprobación se dio por unanimidad con 127 votos a favor.

La madrugada del jueves se alcanzó el acuerdo, anunciado en conferencia de prensa por los coordinadores de Morena, PRI, PAN, PRD, PT, MC, PVEM y PES. Los legisladores destacaron la importancia de otorgarle finalmente al Ejército y la Marina, el marco jurídico para que pueda continuar en las calles, en la lucha contra la violencia y la inseguridad, hasta el 2023. En cinco años deberá consolidarse la Guardia Nacional y fortalecerse a las policías estatales y municipales.

Con la finalidad de cambiar el borrador de decreto presentado por la oficina jurídica de la presidencia, la oposición presionó fuertemente en los últimos días. El acuerdo finalmente aprobado incluye cambios para crear “una institución acorde a los tratados de derechos humanos, una institución con contrapesos y control parlamentario del Senado”; que no vulnere la soberanía de las entidades federativas y que, en su régimen transitorio contempla el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad locales, como lo señaló Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del PRI.

El panista Mauricio Kuri, coordinador de su fracción parlamentaria, destacó la oposición atendió las recomendaciones de expertos y resolvió las preocupaciones de la sociedad civil y de los gobiernos locales. Resaltó la Guardia Nacional tendrá un mando civil, su actuación estará apegada a los compromisos en derechos humanos contraídos por México y se respetará la soberanía de estados y municipios. La presencia de la Guardia será a petición de los gobernadores y se establecerá un control del Senado en sus acciones. También, los miembros de la Guardia civil se someterán a la competencia de la jurisdicción civil.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, admitió la contribución de la oposición, pero destacó la apertura de la mayoría, pues “pasamos de un Congreso cerrado, donde la mayoría no atendía los reclamos de la oposición, a un parlamento abierto”. El zacatecano señaló: “el acuerdo al que llegamos es por unanimidad, todos los grupos parlamentarios, sin excepción, hemos acordado un proyecto modificado que vamos a enviar a la Mesa Directiva. Se votará por unanimidad”.

El coordinador del MC, Dante Delgado, indicó que su partido saluda el esfuerzo realizado por la Cámara alta. “Todas las voces fueron escuchadas y sus puntos de vista recogidos”, aseguró. Sasil León, líder de la bancad del PES, dijo que el acuerdo es para la seguridad de los mexicanos. Y Raúl Bolaños, del PVEM, reconoció el trabajo legislativo en las últimas horas que “dignifica la labor del Senado”.

De entre los cambios realizados, además de lo anteriormente descrito, está el Transitorio Quinto, en donde enmarcan el periodo de cinco años aprobado servirá para que la GN forme su estructura y capacidades, el Presidente de la República podrá dispones de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, pero su labor será de carácter extraordinario, regulado, fiscalizado y de tipo auxiliar de las instituciones civiles. En el artículo 21 de la Ley se incluyó el carácter de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y se eliminó la figura de una Junta de Jefes de Estado Mayor como mando.

El dictamen señala: “La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines (incluyen) la coordinación y colaboración con las entidades federativas y municipios, así como la salvaguarda de los bienes de la nación”. Destaca la eliminación de la facultad investigadora de la GN y define expresamente que actuará como auxiliar del Ministerio Público, al inscribir la nueva corporación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Una de las modificaciones más relevantes es la que ordena al Congreso la expedición de una Ley Nacional de Registro de Detenciones para normar la actuación de la institución, así como una Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

$2 BILLONES EN CREDITOS FISCALES PERDONADOS

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó de cobrar 2 billones 240 mil millones de pesos, entre 20012 y 2017, por concepto de créditos fiscales, que determinó incobrables o incosteables, de acuerdo al tercer informe parcial de resultados de la Cuenta Pública 2017.

Los impuestos no pagados por los contribuyentes se convierten en créditos fiscales, que deberán ser cubiertos o garantizados. Algunos de estos son pagados y otros se dan de baja de manera definitiva, porque el SAT no realiza las gestiones de cobro, ya sea por que determine incobrabilidad o porque el costo de exigirlos resulta más caro que el propio crédito.

De 2012 a 2017, la cartera acumulada de créditos fiscales ascendió a 3 billones 352 mil millones de pesos, y el SAT sólo cobró un billón 11 mil 458 millones de pesos. En 2017, las bajas definitivas de los créditos fiscales por parte del SAT ascendieron a 365 mil 139 millones de pesos. De ese monto, el SAT obtuvo el pago de 34 mil 239  millones de pesos por parte de los contribuyentes, es decir, sólo el 9.4 por ciento.

La mayor parte de los créditos no cobrados fue responsabilidad del SAT: de los 365 mil 139 millones de pesos no recuperados, 217 mil 527 millones de pesos correspondieron a 136 mil 148 créditos centralizados a esa oficina. El resto correspondió a entidades distintas al SAT: un juzgado de distrito, la Policía Federal, a las coordinaciones estatales del Distrito Federal, Sonora, Guanajuato, Jalisco, Puebla, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

INVESTIGAN DESTINO DE $68 MIL MILLONES DE CUENTA PÚBLICA 2017

Observaciones totales por 68 mil 136.5 millones de pesos realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2017. De ese monto, 7 mil 611 millones  fueron producto de auditorías forenses, es decir, en las cuales se presume la comisión de un posible delito.

Del total de auditorías forenses realizadas el año pasado, cinco fueron practicadas a la Secretaría de Agricultura, una a la de Gobernación y un más a la de Desarrollo Agrario, además de una a Diconsa, tres a instituciones estatales de educación superior y una más a un medio público de televisión.

David Colmenares Páramo, titular del SAT, al detallar cuáles fueron algunos de los principales hallazgos en 2017, destacó que la fiscalización de la reforma energética en materia de hidrocarburos implementada en el periodo 2013-2017, evidenció que “los resultados observados no reflejan un avance en el cumplimiento de sus fines”.

Ejemplo de ello es que la inversión en el sector se redujo 59.7 por ciento en 2017, al igual que la extracción de crudo, ya que en el periodo 2013-2017, ésta disminuyó 6.2 por ciento en promedio anual.

DE LOS PASILLOS

Como resultado del plan de combate al huachicol se han dejado de robar, en promedio, 7 mil 800 millones de pesos. Desde diciembre que inició el plan, hasta hoy, han hurtado en promedio 15 mil 600 barriles diarios, contra los 56 mil que se robaron el año pasado, reportó Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos (Pemex)… Y en los dos meses que lleva el plan antihuachicol, la Unidad de Investigación

Financiera (UIF) de Hacienda concretó el bloqueo de 226 cuentas por un total de 925 millones de pesos y 738 mil dólares, informó Santiago Nieto, titular de la UIF. Esas cuentas fueron congeladas mediante 20 acuerdos concretados en colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

 

Autor: Lilia Arellano 

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