Cadena de mando y de responsabilidades / En la opinión de Jorge Carrasco Araizaga

Jorge Carrasco Araizaga / APRO / MX Político.- A decir del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en México no habrá “punto final” para los militares que hayan cometido violaciones a los derechos humanos.

Sin mencionar esa expresión que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado para decir que él no quiere ir contra los corruptos anteriores a su gobierno, Encinas aseguró el miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobierno que comienza va a ir contra agentes del Estado y los particulares responsables de graves violaciones a los derechos humanos, como las desapariciones forzadas.

Llama la atención que, para el caso de la corrupción, de la que de antemano exonera a las Fuerzas Armadas, el presidente haya retomado la idea del “punto final”, como se conocieron en Argentina a las leyes que durante 20 años impidieron investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar en ese país.

En el caso de México, Encinas dijo que cuando haya representantes del Estado involucrados irán contra ellos “independientemente de las instituciones a las que pertenezcan”. Es decir, que elementos de las Fuerzas Armadas estarían en la mira del nuevo gobierno.

Encinas lo dijo en una audiencia que tuvo lugar en la sede de la CIDH, en Washington, por la desaparición forzada de 51 personas que se le atribuyen a efectivos de la Marina tan solo en Tamaulipas durante el gobierno pasado.

Fue la primera vez que el Estado mexicano reconoció en un foro internacional su responsabilidad. Encinas incluso anunció que el gobierno mexicano está dispuesto a la llegada de un equipo internacional experto en búsqueda de personas. La integración, funciones y alcances de ese equipo se empezarán a definir en enero próximo junto con la CIDH.

De ser así, el presidente tendrá que ordenar a los secretarios de la Defensa Nacional, el general Luis C. Sandoval; y al de Marina, almirante Rafael Ojeda, la entrega de quienes están señalados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Al menos, los que aparecen en las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

No sería la primera vez que ocurriera. Los Altos Mandos del Ejército y la Marina ya han entregado a algunos de sus elementos por casos de abusos cometidos durante los 12 años de la guerra al narcotráfico. Actualmente están en las distintas prisiones militares del país.

Además, está el caso emblemático del campesino de Guerrero Rosendo Radilla detenido y desparecido por el Ejército en 1974 y por el que la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano en 2009. En ese caso, sin embargo, los responsables materiales e intelectuales quedaron impunes porque la condena vino 35 años después de los hechos.

El gran riesgo para la credibilidad del gobierno de López Obrador es que repita el esquema de sancionar a los efectivos del Ejército y la Marina como autores materiales de tales hechos y soslaye la cadena de mando y de responsabilidades detrás de esas acciones.

Si es así, nada habrá cambiado. Mucho menos, en un escenario en el que el presidente ha decidido abrazarse al Ejército y la Marina en su estrategia de seguridad, aunque ahora en la modalidad de una Guardia Nacional que quiere instaurar desde la Constitución.
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