Extradición por “terrorismo” del asesino en El Paso, caso perdido / En opinión de Maurizio Guerrero

Redacción MXPolítico.- Tras la masacre en la fueron asesinadas 22 personas en El Paso, Texas –entre ellas, ocho de origen mexicano–, el canciller Marcelo Ebrard anunció que emprendería acciones legales contra el joven supremacista blanco, Patrick Cusius.

A su decir, Cusius cometió “un acto equiparable al delito de terrorismo”, por lo que, junto con la Fiscalía General de la República (FGR), analizaría la posibilidad de extraditarlo a nuestro país para ser juzgado.

No obstante, especialistas en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos advierten que la medida “es legalmente posible pero extremadamente improbable en la práctica”; consideran que esa medida es “corte político”, con la cual el gobierno mexicano en realidad “está tratando de salvar cara” tras “ceder parte de la soberanía nacional” en las negociaciones para evitar la imposición del 5% en aranceles.

Desde el pasado 4 de agosto, un día después de la agresión que, según confesiones del joven supremacista ante las autoridades judiciales, estuvo dirigida directamente en contra de migrantes mexicanos, Ebrard publicó un video en el que calificó el ataque como “actos de barbarie” y anunció una estrategia judicial para seguir el caso.

Horas después, habló de presentar una demanda penal en México ante la FGR por el delito de “terrorismo”, con la cual buscará abrir una carpeta de investigación contra Cusius, probables grupos supremacistas blancos que amenazan a la comunidad mexicana y contra vendedores de armas en la frontera.

“Que yo sepa, sería la primera demanda de esta naturaleza en la historia. Esa demanda permitirá que México tenga acceso a toda la información correspondiente, pueda valorar si hay otros individuos involucrados o potencialmente involucrados que pongan en riesgo la vida, la integridad de mexicanas y mexicanos en los Estados Unidos”, precisó el secretario.

Tres días después, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó la nota diplomática SSAN 0871, en la que insistió que el ataque estuvo “dirigido en contra de ciudadanos mexicanos. Se trata, en consecuencia, de un acto equiparable al delito de terrorismo, previsto por artículo 139 de nuestro Código Penal Federal”.

Adelantó la posibilidad de interponer un recurso de extradición basado en la lesión y asesinato de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. “Cabe señalar que el artículo 4º de nuestro Código Penal Federal establece la posibilidad de que los delitos cometidos en territorio extranjero contra mexicanos sean penados en México”, expuso la nota.

Por último, la SRE solicitó “la colaboración del Gobierno de Estados Unidos de América a efecto de que la Fiscalía General de la República, órgano autónomo del Estado mexicano, obtenga con fundamento en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua, suscrito entre ambos gobiernos, toda la información necesaria sobre el caso”.

Extradición entrampada

A decir de la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, especialista en derecho internacional e investigadora del Tecnológico de Monterrey, sede Ciudad de México, la intención de extraditar a Cusius se basa en el siguiente principio: “si un connacional nuestro es agredido en otro territorio se preservan sus derechos en ese lugar para poder imputar responsabilidades civiles o penales”.

No obstante, ve difícil que la demanda “vaya a proceder” y “se conceda una sentencia en contra” de Cusius. Dos principios jurídicos, apunta, dificultarán la acción legal: el primero de ellos, la imposibilidad de juzgar dos veces a un sujeto por el mismo delito; posteriormente que el tipo penal sostenido ante la FGR, “terrorismo”, será muy difícil de probar con las leyes vigentes.

“Hay que observar que en el derecho internacional hay un principio que se llama non bis in ídem (del latín, “no dos veces por lo mismo”) cuyo principio impide que un sujeto pueda ser doblemente juzgado de manera simultánea”, advierte en entrevista.

“Por ejemplo, si en El Paso, Texas, se presentan cargos en materia criminal, nosotros sólo podríamos hacerlo aquí pero en materia civil, por ejemplo, para la indemnización de los daños generados. Pero no simultáneamente por el mismo, por el mismo hecho y en dos territorios distintos. Eso en derecho internacional no se puede hacer porque habría un double jeopardy”, añade.

Posteriormente, respecto al móvil del delito que las autoridades hacen “equiparable al delito de terrorismo”, el atentado del multihomicida no se ajusta al tipo penal descrito en el artículo 139 del Código Penal Federal. “Simplemente lo hizo por una convicción errónea de su propia inmoralidad que lo lleva a cometer estos actos propios de un psicópata”.

Dicho artículo especifica que se impondrán de seis a cuarenta años prisión, y hasta mil doscientos días multa, cuando una persona utilice armas, explosivos u objetos radioactivos, destinados a producir “alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.

El atentado, según la especialista, difícilmente se podrá probar que tenían como objeto la seguridad nacional. “Aunque el joven asesino tenía intenciones de demostrar la supremacía racial bajo un manifiesto que publicó días antes, nunca manifestó hacerlo con la intención de arriesgar la seguridad nacional ni mucho menos de presionar a la autoridad para tomar una determinación”.

“Vería más posibilidades en que los familiares o representantes de las víctimas interpusieran una denuncia por homicidio. Ahí sí, sí podría haber un camino mucho más interesante para poder solicitar la extradición de este victimario”, añade.

Reivindicación diplomática

El pasado 5 de agosto, el canciller Marcelo Ebrard, acompañado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, visitó los dos hospitales donde se encuentran los sobrevivientes de la masacre en El Paso, Texas. Desde ahí, anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con uno de sus consulados en Estados Unidos, inició el proceso la repatriación de los cuerpos de los 8 fallecidos y se harían cargo de los gastos funerarios.

Ebrard también se refirió al posicionamiento que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los hechos. “Quisiera yo subrayar que reconocemos y coincidimos con el hecho de que en este statement aparezca el racismo y la supremacía blanca como problemas serios en Estados Unidos”, observó.

Pero según el politólogo e internacionalista José Luis Valdés Ugalde, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la estrategia empleada por el canciller se sitúa como una “respuesta tardía” ante los embates de Donald Trump en contra de la migración mexicana.

Especialmente ante la inactividad que tuvo la pasada administración federal y la reticencia en tomar un papel activo frente a los ataques. “Está aprovechando este discurso de Trump, que si usted quiere, es de doble sentido, pues él mismo agitó el racismo y ha abierto la caja de pandora. Ese discurso se posicionó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y el Estado mexicano no reaccionó”, señala.

Con esta medida de “corte político”, explica Valdés Ugalde, el gobierno mexicano en realidad “está tratando de salvar cara” tras “ceder parte de la soberanía nacional” en las negociaciones para evitar la imposición de aranceles y ante la percepción de que el papel del gobierno mexicano ha sido pasivo ante los embates.

Ese mismo día, el presidente Trump condenó el ataque y pidió combatir la intolerancia y la supremacía blanca. Entrampado en el proceso interno del Partido Republicano para el proceso de elección de 2020, y tras una serie de señalamientos por representantes del Partido Demócrata por alentar la “mexicanofobia”, moderó su discurso por unas cuantas horas.

Desde Washington pidió cambios culturales, entre ellos evitar “la glorificación de la violencia en nuestra sociedad” en los videojuegos y en otros lugares. Luego pidió “condenar el racismo, el fanatismo y la supremacía blanca”. “El odio deforma la mente, hace estragos en el corazón y devora el alma”, dijo. Horas más tarde, escribió desde su cuenta de Twitter pidiendo “fuertes verificaciones de antecedentes” a los compradores de armas y sugirió vincular la legislación sobre armas con nuevas leyes de inmigración.

Para Gustavo Flores Macías, investigador de la Universidad de Cornell, la actitud de Trump y el asunto de la extradición de Casius, es un elemento que ha aprovechado la diplomacia mexicana para fortalecerse ante sus embates: “Creo que la extradición es legalmente posible pero extremadamente improbable en la práctica. La petición sirve en cambio un propósito político en México: mostrar que el gobierno actúa para defender a los mexicanos en el exterior”, consideró.

Flores-Macias destacó que la petición de extradición podría servir para que México coloque presión al gobierno de Estados Unidos con el propósito de juzgar con severidad el caso. El agravio provocado por el asesinato de mexicanos en territorio estadunidense podría además ofrecer margen de maniobra diplomática a México en su relación con Estados Unidos.

Fabricantes de armas, impunidad

Ebrard también anunció en una conferencia de prensa del 4 de agosto que el gobierno de México “promoverá las acciones legales correspondientes en contra del responsable de la venta del arma” con que se perpetró la masacre. Hasta el momento, las escasas demandas que han procedido contra vendedores o fabricantes de armas utilizadas en una masacre en Estados Unidos han fracasado, y ponen en duda la estrategia mexicana.

La industria armamentista estadunidense goza del amparo de la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas, aprobada en 2005. Las probabilidades de demandar con éxito a la armería son prácticamente nulas si se considera, además, que el arma utilizada en la masacre, un rifle semi-automático AK-47, fue adquirido de manera legal.

“El impulso de tomar acciones legales es absolutamente entendible en este caso, y nosotros estamos convencidos de que las cortes en Estados Unidos deben atender a las víctimas de la violencia armada y de fincar responsabilidades a la industria armamentista, pero no es algo fácil de hacer”, afirma Adam Skaggs, consejero legal en jefe del Centro Legal Giffords.

Skaggs indica que, aunque detalles de la masacre podrían abrir una oportunidad para una demanda, en caso de que se hubiera violado alguna ley en la adquisición o la venta del rifle utilizado, las probabilidades de que una corte admita el caso son muy pocas. “Hay que tomar en cuenta, además, que es muy difícil que un gobierno extranjero, en general, pueda presentar una demanda contra una persona o entidad estadunidense en cortes de este país”, añadió Skaggs.

La otra medida contemplada por el gobierno mexicano sería una denuncia oficial. Ebrard indicó que la dependencia a su cargo ha proporcionado información a la FGR para que, si lo considera pertinente, inicie una denuncia por terrorismo perpetrado contra mexicanos en Estados Unidos.

Esta cooperación no es automática, añade John Bellinger, quien del 2005 al 2009 fungió como asesor legal del Departamento de Estado estadunidense, y quien ahora es consultor del Consejo de Relaciones Exteriores. “Dependería en buena medida de la voluntad del Departamento de Justicia de Estados Unidos”.

“El gobierno federal podría cooperar con las autoridades de justicia de México al ofrecerles información acerca del caso, aunque nunca sería en la cantidad que México desearía dada la sensibilidad del tema, y a que la investigación estaría en curso”, apuntó el exfuncionario.

Bellinger considera que es posible que Estados Unidos sí mantenga al gobierno mexicano informado, tanto mediante los canales oficiales como mediante reuniones al margen de los reflectores entre funcionarios de la FGR con sus homólogos del Departamento de Justicia.

La estrategia legal de México podría ser implementada de manera directa por el cónsul general en El Paso, Mauricio Ibarra, quien podría reunirse además con funcionarios locales. Voceros de esta sede diplomática informaron a Proceso que Ibarra “no está dando entrevistas”.

Para el académico Flores Macías, las medidas promovidas por el gobierno de México respecto de la masacre en El Paso podrían contribuir a la presión que existe actualmente para que el Congreso de Estados Unidos restrinja la compra de armas de asalto. “México podría sumarse a la creciente presión para hacer que las empresas fabricantes de armamento se hagan responsables de las matanzas que suceden con sus productos”, asegura.

Por su parte, abogado Skaggs opinó también que la tragedia de El Paso podría arrojar consecuencias positivas. La tragedia en esa ciudad fronteriza, sostuvo, exhibió un problema mucho más amplio: el daño que provocan las armas que se fabrican y venden en Estados Unidos a ciudadanos mexicanos, lo que ha alentado la violencia en México, que es un factor que alienta la emigración.

“Creo que esto puede ser el momento para que los gobiernos de México y Estados Unidos trabajen en crear medidas para reducir el tráfico de armas y la violencia armada que provoca la industria armamentista estadunidense. Así, algo bueno podría resultar de la horrible tragedia de El Paso”, opinó Skaggs. 

 

Autor:  Maurizio Guerrero  

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