Las soluciones alternas al proceso penal / En la opinión de PGJ-CDMX - Juan José Olea

Por Juan José Olea Valencia

La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008 modificó los estándares de procuración y administración de justicia, al transitar de un esquema denominado “mixto-inquisitivo” a uno “acusatorio, oral y adversarial”, cuyos postulados y principios generales prevén soluciones alternas a los procesos penales; es decir, sin la necesidad de llegar a una audiencia de juicio. 

Para ello, la fracción VII del apartado “a” del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley”; en este sentido, el párrafo quinto del artículo 17 de la Carta Magna señala que “las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”.

Las soluciones alternas constituyen una herramienta procesal a disposición de las partes intervinientes en un proceso penal, a fin de buscar una solución pronta y económica al conflicto. Para el ejercicio de estas herramientas, se encuentran reglas y requisitos claros en los ordenamientos legales aplicables.

El artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que las formas de solución alterna del procedimiento son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. 

Los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de Control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. El Ministerio Público o, en su caso, el Juez de control, podrán invitar a los interesados a que lo suscriban; en los casos en que proceda, las partes podrán acordar si estos son de cumplimiento inmediato o diferido. Como ejemplo tenemos un homicidio culposo por tránsito de vehículo, en el que la madre de la occisa celebra un acuerdo reparatorio con el imputado para que este le pague como reparación del daño cierta cantidad de dinero, la cual es cubierta en una sola exhibición, y no hay oposición.

La suspensión condicional del proceso constituye el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, mediante el cual se propone un plan sobre el pago de la reparación del daño y que el imputado acatará o se someterá a una o varias de las condiciones que establece para tales efectos el Código Nacional de Procedimientos Penales. En este supuesto, el Juez de Control fijará el plazo que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años. Una vez que hayan sido cumplidas las condiciones establecidas por el Juez de Control, así como el Plan de Reparación, se extinguirá la acción penal.

Juan José Olea Valencia, Coordinador General del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Las opiniones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien la escribe y no reflejan necesariamente la línea editorial de este medio.

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