Mi agenda judicial / En la opinión de Luis Miguel Cano

Redacción MX Político.-Esta semana, hace veinticinco años, recibía la noticia de mi aceptación para estudiar Derecho. Lo tengo presente porque coincide con el asesinato de Colosio. Perdura de esa época la idea que tengo sobre el papel del Derecho en la vida social: instrumento de dominación, pero también herramienta de transformación. Si podían matar a un candidato presidencial, pensaba de joven, la ley de la fuerza mostraba todo su potencial, por lo cual, mi apuesta por el Derecho debería crecer.

Siete años tardé para conocer por vez primera las ideas del “garantismo”. Una concepción del Derecho que lo contrasta con el poder y que opta por la defensa de las personas más sometidas. Siempre tendré presente que ese fue uno de dos hechos que cambiaron mi vida desde entonces, para bien. Siempre agradeceré a quien me mostró que la mejor manera de poner en práctica mis ideas garantistas pasaba por consagrar mi vida profesional a la defensa de los derechos humanos.

Tres años más debieron pasar para poder tener una primera oportunidad de litigar en amparo un primer caso sobre derechos humanos para una organización civil. Quince años han transcurrido y actualmente curso mi tercera época como litigante de causas de derechos humanos. Aunque parezca extraño, sueño con el día que no tenga más este trabajo que tanto me apasiona, porque sueño con el día en que en nuestro país las violaciones a derechos humanos no sean una terrible realidad.

Desde un inicio tuve la necesidad de combinar los litigios con una participación en actividades de capacitación judicial. Pero de esa necesidad surgió una claridad enorme, la convicción de que la función judicial implica la más importante garantía institucional para lograr que los derechos humanos cambien nuestra realidad. Así que desde que me dedico a lo que hago, he sido un litigante extraño que comparte experiencias y debate todo lo posible, primordialmente con quienes juzgan. Con quienes juzgan las causas de derechos en las que tengo el honor de involucrarme.

Seguramente, entre muchas carencias, me ha faltado prudencia. Porque a quienes más critico es de quienes depende el “éxito” de mi trabajo. Alguna vez alguien me dijo que no era aconsejable litigar y al mismo tiempo escribir para resaltar, en mi opinión, las fallas del Poder Judicial. Es obvio que no le hice caso. Así que aquí estoy, orgulloso de tener este espacio en Proceso y dedicarlo a algo que me parece elemental: exigir que todos los Poderes Judiciales rindan cuentas.

Sobre todo, exigir que desde la Suprema Corte de Justicia hasta el último de los juzgados, asuman consistentemente su responsabilidad de garantes de nuestros derechos humanos. Pocas veces destaco buenas sentencias, porque para eso abundan foros y voces. Puede parecer ingrato, pero me parece más importante puntualizar lo que se debe mejorar que adular a una institución por hacer su labor

Si alguien me preguntara cuál es mi agenda judicial, cuáles son mis pretensiones, más allá de las causas en las que voy participando, tendría que responder que mi meta máxima es contribuir a que el amparo –el juicio por excelencia para la defensa de nuestros derechos humanos–, se convierta un buen día en un recurso sencillo y accesible para todas las personas, sin necesidad siquiera de abogad@s.

Es por ello que mientras logro quedarme sin mi actual trabajo, abrazo la misión de difundir que al menos desde mi experiencia, existe una deuda nada menor de parte de los Poderes Judiciales para hacer accesible el Derecho a todo mundo. Más importante, pienso que el Poder Judicial de la Federación está en falta respecto de su deber de lograr que el juicio de amparo sea un recurso breve, sencillo, accesible, adecuado y efectivo para la garantía de los derechos humanos.

Y cuando expreso que hay una deuda, no hablo en sentido figurado, sino que denuncio el incumplimiento de una obligación constitucional. Una falta que desde hace un año se agravó, cuando entró en vigor el mandato establecido en el tercer párrafo del artículo 17 de nuestra Constitución para privilegiar la solución de los juicios sobre los formalismos procedimentales. Ahí está pues, mi “agenda judicial”.

Luis Miguel Cano López

APRO

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