ONU-DH advierte “aspectos preocupantes” en leyes secundarias de la GN / En opinión de Gloria Leticia Díaz

Redacción MXPolítico.- El representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab alertó a la Cámara de Diputados sobre “aspectos preocupantes” que contienen las leyes secundarias  de la Guardia Nacional, aprobadas por la mayoría en el Senado, en tanto que formuló algunas recomendaciones previas a la ratificación de los proyectos.

Con la carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva de la Cámra de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, Jarab se sumó a las organizaciones de derechos humanos que cuestionaron el contenido de las iniciativas de las leyes secundarias, conocidas públicamente hasta que las fuerzas políticas en Senado las avalaron.

Fechada el 22 de mayo, la carta también es dirigida a los coordinadores parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y en el documento Jarab hizo observaciones a la Ley Nacional sobre uso de la Fuerza y a la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

En la primera iniciativa, Jarab planteó nueve elementos de preocupación, entre ellos que no se haya incluido a los agentes migratorios como  “autoridades que hacen uso de la fuerza”; la laxitud en algunos términos como “persona autorizada por el Estado” y “neutralizar”; se advierte una “regulación insuficiente e inconsistente del principio de proporcionalidad y uso diferenciado de la fuerza, sin que quede claro cómo los agentes armonizarán o priorizarán la aplicación de todas las normas relativas a este principio de funciones”.

Asimismo Jarab compartió la inquietud de organizaciones de derechos humanos que señalan que en materia de protesta social la ley “mantiene una perspectiva de ‘control de multitudes’ y no de garantizar el derecho a la manifestación, y en caso de que haya violencia, el proteger a las personas”, además de que dan facultades a las policías y a la Guardia Nacional a calificar las protestas o manifestaciones de acuerdo con el “objeto lícito” de las movilizaciones, lo que va en contra al derecho de la libertad de expresión y reunión, “además de poner en riesgo la vida e integridad personal al autorizar el uso de armas de fuego cuando no se reúna el requisito de licitud en las manifestaciones”.

En su escrito, Jarab consideró grave que “la obligación de rendir ciertos reportes sobre personas lesionadas o daños materiales se limita a los casos de uso de la fuerza letal, mas no ante el uso de la fuerza física o incapacitante así como la obligación de rendir en informes anuales sólo lo relativo a personas fallecidas, mas no la obligación sobre personas heridas”.

Contrario a la instrucción dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la reciente sentencia por el Caso Alvarado, por la desaparición de tres jóvenes a manos de militares en Chihuahua en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”, el diplomático alertó que “se omite la inclusión del observatorio independiente sobre el monitoreo del uso de la fuerza”, además de que el proyecto “no establece lineamientos básicos para cumplir la obligación de investigar de forma pronta, independiente, diligente e imparcial las denuncias de privación de la vida o afectación a la integridad por las autoridades del Estado o por particulares y entidades privadas, incluidas las de uso excesivo de la fuerza letal, con el fin de establecer los hechos y determinar responsabilidades”.

El representante de ONU-DH consideró que “si bien la ley contiene un régimen de responsabilidades, no incluye las cuatro dimensiones de responsabilidad necesarias para cumplir con el deber de investigar ante acciones ilícitas, que son la responsabilidad directa, la responsabilidad por omisión, la responsabilidad de los mandos y la responsabilidad de los mandos por las acciones de sus subordinados”.

En cuanto a la Ley Nacional de Registro de Detenciones, Jan Jarab formuló tres recomendaciones, tras celebrar que la iniciativa “atiende, en su mayor parte los estándares y recomendaciones internacionales que se han emitido sobre la materia”

Para Jarab “la minuta podría ser mejorada” si se incluyen las detenciones “llevadas a cabo bajo la jurisdicción militar; ya que no es justificables que el registro no abarque la privación de libertad de elementos de las Fuerzas Armadas”; incluir en los campos del registro de información la nacionalidad de la persona detenida, “a afecto de agilizar lo relativo a la notificación consular”, así como incluir el lugar donde se encuentra la persona detenida, el lugar al que es trasladada y la asistencia legal recibida tras la detención”.

 

En la misiva, Jarab aclaró que sus observaciones sobre ambas legislaciones son de carácter preliminar, ante el poco tiempo que se tuvo para conocer el contenido de las iniciativas, por lo que llamó a la Cámara de Diputados “a abrir un proceso de discusión público e incluyente en torno a las minutas”.

El representante de la ONU-DH insistió en pedir un diálogo en el que participen la sociedad civil, organismos y actores interesados, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que como su oficina presentaron “insumos de carácter constructivo en torno a estas leyes”, antes de los senadores las sometieran a votación en esta semana.

 

Autor: Gloria Leticia Díaz

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