Incertidumbre y desinformación a un mes del sismo del 19-S en la CDMX

Las dependencias ya trabajan para apoyar a damnificados pero lo que realmente preocupa es la recuperación de sus pertenencias y el futuro de sus propiedades

Redacción: Sara Pantoja / Apro.

Ciudad de México.- A las 13:14 horas de este jueves se cumple un mes del sismo que cambió la vida de miles de habitantes en la capital del país y que, por el lento avance del gobierno de Miguel Ángel Mancera, aún mantiene a cientos viviendo en campamentos, en medio de la incertidumbre legal por sus viviendas, con escaso apoyo para subsistir y alto riesgo de que ocurran otras tragedias.

Si bien es cierto que diferentes dependencias ya trabajan para apoyar a los damnificados con comedores comunitarios, revisiones médicas, apoyo para rentas o créditos a negocios, lo que realmente les preocupa es la recuperación de sus pertenencias y el futuro de sus propiedades.

Peor aún, la tardanza para que especialistas acreditados por el gobierno central dictaminen el estado de sus edificios y determinen si son habitables o no, ha llevado a algunos a entrar a sus casas y departamentos a recuperar lo que pueden, sin protección alguna y bajo el riesgo de que en cualquier momento colapse la estructura.

Otros más han estado expuestos a la especulación de supuestos Directores Responsables de Obra (DRO) que, “por fuera”, les ofrecen dictaminar sus edificios por no menos de cien mil pesos, aun cuando las autoridades informaron que ese servicio sería gratis.

Rosa María Hernández Belmont, catedrática de la UNAM, vivía en la Torre 1 del conjunto habitacional ubicado en la calle Escocia número 29, en la colonia Parque San Andrés, delegación Coyoacán. Llevaba 12 años viviendo en ese lugar con sus tres hijos hasta la tarde del martes 19 de septiembre. La noche de ese día durmieron en un albergue.

Su departamento está al lado de la Torre 2, la misma que está en la lista de los primeros 13 edificios que serán demolidos, según informó el gobierno capitalino el pasado martes 10 de octubre. 

Al enterarse de la noticia en la televisión, acudió con sus hijas y un mudancero al edificio. Los únicos dos policías que resguardaban el lugar acordonado no pudieron evitar que ella, como varios de los habitantes, entraran “a la brava” al inmueble, subieran las escaleras con evidentes daños en su estructura y sacaran tantas de sus pertenencias como les fuera posible y casi contra reloj.

La académica reconoce el riesgo al que se expuso, pero lo justifica al decir que ni la delegación dirigida por Valentín Maldonado, del PRD, ni el gobierno capitalino les habían resuelto la dictaminación del edificio. Y ante la incertidumbre, decidió entrar a recuperar parte de su patrimonio construido durante años de trabajo.

Una semana después, sigue casi en las mismas, pues, aunque personal autorizado por la demarcación ya fue a revisar la Torre 2, les dijo que deben esperar a que ésta sea demolida -lo que puede tardar semas y hasta meses- para que entonces las torres 1 y 3 sean revisadas y sus dueños puedan saber si también deben demolerse o se pueden rehabilitar.

“Seguimos en la misma incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Yo, como muchos, estoy triste, ansiosa, decepcionada de un gobierno que pide que se hagan tandas para construir las casas. Claro, como el presidente Peña Nieto tiene un sueldo que no es igual al de un académico o al de un pensionado, no tiene problema, pero a nosotros no nos va a alcanzar la vida para volver a construir lo que teníamos”, dice con poco aliento.

De los apoyos del gobierno de Miguel Ángel Mancera, dice que es “pan con lo mismo”. Acepta que fue de las beneficiadas con un primer cheque de tres mil pesos para ayuda de renta, pero dice que no les han informado si van a recibir un segundo y un tercero, como lo anunció el gobernante local.

También critica el ofrecimiento de créditos hipotecarios porque considera que representan mensualidades “que con un sueldo de maestra son imposibles de pagar”.

Miramontes, vigilancia permanente 

En el estacionamiento de una tienda de autoservicio, frente al número 3032 de la avenida Canal de Miramontes, colonia Los Girasoles, territorio coyoacanense, se ubica desde hace un mes una carpa donde los vecinos de ese edificio se turnan en guardias para vigilar que ningún extraño entre al inmueble a robar sus pertenencias, pues dicen que hay pocos policías para cuidar ese y otros edificios dañados.

Los primeros días de la emergencia, personal del restaurante ubicado a unos metros les regalaba café y los dejaba entrar al sanitario. Un mes después, la ayuda de la sociedad civil continúa. Mientras conversan con Apro, llega gente a preguntarles si ya desayunaron o si les hace falta ropa. Les ofrecen productos de despensa y de aseo personal y hasta les brindan su casa cerca del lugar para que se bañen y descansen un rato. 

Cuauhtémoc Molina, uno de los vecinos de los 24 departamentos, cuenta que ni las autoridades locales ni delegacionales les han informado con exactitud qué pasará con el edificio. Y es que, según explica, el futuro de su inmueble depende de la demolición del edificio número 3010, también enlistado por el gobierno capitalino la semana pasada. Pero para ese hecho tampoco hay una fecha precisa.

Con base en la insistencia que han tenido en la delegación, dice que ya lograron la suspensión del cobro de servicios de luz, gas y agua. También reconoce que han recibido apoyo del Registro Civil para intentar recuperar documentos oficiales. Prácticamente esos son los únicos avances a un mes del sismo.

Como en otros inmuebles en riesgo, los vecinos de ese edificio también han recuperado algunas de sus cosas, aunque bajo su propio riesgo. “Hemos entrado con casco, cubrebocas y la bendición de Dios”, dice Verónica Hernández, quien vivía en ese edificio desde hacía 17 años. 

De hecho, reconoce que la noche del mismo 19, antes de que llegara personal de Protección Civil, algunos entraron con lámparas porque no había luz y sacaron algunas pertenencias o bien, a sus mascotas. 

Ella es una de las representantes de ese edificio que, mediante un chat grupal, informa a sus vecinos de las acciones legales que se realizan. En esas conversaciones, dice que ya ha habido sugerencias de bloquear la avenida Miramontes para presionar a las autoridades y obtener respuesta a sus interrogantes.  

No obstante, dice, “todavía estamos en el limbo. No sabemos qué va a pasar. Sí, sabemos que vivimos en una zona sísmica, pero ¿cómo es posible que el gobierno no esté preparado para atender una emergencia así? No saben qué hacer, no saben ni dónde tiene los pies. Estamos en el hoyo”, critica.

Tras esta experiencia, Verónica está convencida de que, si el gobierno ayuda a rehabilitar los departamentos, aceptará el apoyo, “pero yo lo rento o lo vendo. Yo ya no regreso a vivir ahí”. 

Posibilidades y preocupaciones 

En la colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, -una de las que tiene mayor calidad de vida, no sólo de la capital, sino del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)- habitantes de los edificios aledaños al número 45 de la calle Patricio Sanz, también ubicado en la lista “demoledora” del gobierno mancerista, esperan pacientes la llegada de un arquitecto al que contrataron directamente para revisar su edificio.

Piden discreción en el costo de ese servicio, pero argumentan que no están dispuestos a esperar a que el gobierno capitalino envíe a un ingeniero estructurista a hacerles un dictamen oficial para saber en qué condiciones quedó su edificio y si podrán volver a habitarlo.

Y como el inmueble aparentemente no se observa tan dañado por el colapso del de al lado, se dicen dispuestos a pagar los estudios necesarios y el costo de un posible reforzamiento para regresar y retomar su ritmo de vida.    

Incluso, el reproche al gobierno capitalino se da más por el lado de que, aseguran, la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP) no envía comida ni baños portátiles a los policías que día y noche vigilan su propiedad para defenderla de los ladrones. Incluso, entre ellos mismos llevan alimentos que una de las vecinas prepara para alimentar a los uniformados. 

Entre las conversaciones de los vecinos de distintas colonias afectadas por el sismo se repite un fenómeno: historias de personas que en el sismo de 1985 perdieron su casa y que, con su juventud, lograron construir un patrimonio. No obstante, 32 años después, les tocó vivir la misma historia, pero con una suerte diferente pues ahora sus posibilidades de levantarse de nuevo son prácticamente nulas.   

De hecho, los entrevistados coinciden en una preocupación indirecta: muchos de los afectados son personas de la tercera edad o con alguna discapacidad que vivían solos, dependían de su pensión o de la renta de sus departamentos para sobrevivir. 

Peor aún, dicen que ellos son los que menos posibilidades tienen para acceder a créditos hipotecarios para hacerse de otro departamento debido a su edad y a que no tienen fuentes de ingreso. “Si nosotros lo vemos difícil aun cuando todavía podemos trabajar, ¿qué va a pasar con ellos?”, se preguntan.

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