Redacción Noticias MX.-La investigación de la muerte de la activista medioambiental Macarena Valdés, el 22 de agosto de 2016 en su casa de la comunidad mapuche Newen, sufrirá un vuelco cuando se conozca el informe del forense británico John Clark, emitido el pasado 12 de agosto y titulado Comentarios sobre la muerte de Yudy Macarena Valdés Muñoz. 

En dicho estudio –que Proceso divulga en exclusiva– se descarta que el suicidio sea la causa más probable de la muerte de la activista, con lo que se rebate lo expuesto por el Servicio Médico Legal (SML) en la autopsia realizada inmediatamente después del deceso. Allí se sostuvo que ella falleció de “asfixia por ahorcamiento” sin participación de terceros. 

Defensa del territorio mapuche

Valdés y su pareja, Rubén Collío, encabezaban la resistencia contra un proyecto hidroeléctrico que se instalaba, con dudosa legalidad, en el entorno de su comunidad mapuche.

La Fiscalía, con el evidente afán de ratificar la tesis del suicidio y cerrar el caso, entrevistó a familiares de Macarena Valdés que no tenían cercanía con ella, a quienes preguntó si la activista tenía problemas psicológicos o motivaciones suicidas. Fruto de estas entrevistas, la autoridad concluyó que la fallecida padecía de depresión. 

De acuerdo con Apro, la supuesta depresión y el informe de autopsia del SML dieron pie a que la Fiscalía de Panguipulli (a cargo de la investigación) cerrara rápidamente la causa, sin culpables y estableciendo el suicidio. 

Sin embargo, el 21 de agosto de 2017, cuando se cumplía casi un año del deceso de la activista, esa Fiscalía reabrió el proceso y ordenó la realización de una segunda autopsia. Hizo esto tras el revuelo provocado por un metanálisis forense, firmado por el renombrado médico forense chileno Luis Ravanal Zepeda, contratado como perito por la familia de Valdés.

En dicho informe –en que se analizó toda la información disponible sobre el caso, especialmente la primera autopsia y las pericias realizadas en el terreno por la Policía de Investigaciones (PDI)– se verificó que la causa de muerte establecida por el SML (asfixia por ahorcamiento) “no se fundamenta en hallazgos autópsicos objetivos e indubitados”, puesto que el SML no demostró “que el cuerpo haya sido suspendido vivo, por cuanto en ninguna de las descripciones referentes al surco y tejidos cervicales, se describen signos de vitalidad”, esto es, que hayan sido provocados estando viva la afectada.

Ravanal, único médico legista latinoamericano que forma parte del directorio de la Asociación Mundial de Medicina Legal, indicó en su metanálisis que en casos de suspensiones post mortem “lo típico es que no existan signos de vitalidad, como se constata en este caso, por lo cual no es posible (…) descartar la participación de terceros”. Recomendó la realización de una segunda autopsia.

Ésta se realizó el 30 de octubre de 2017 y fue dirigida por el propio Ravanal, quien concluyó: “La inexistencia de signos de vitalidad a nivel de los tejidos blandos del cuello y en las estructuras que conforman el bloque laringo-traqueal, por lo que, desde un punto de vista macroscópico, no se confirma la existencia de signos objetivos que permitan sustentar que la víctima se hubiese encontrado con vida al momento de ser suspendida por un cordel o lazo a nivel cervical”.

La patóloga y directora del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, Carmen Cerda, efectuó estudios histopatológicos que se anexaron al informe. La conclusión: “No se evidenciaron signos de lesiones vitales en ninguno de los exámenes practicados”.

Es decir, la segunda autopsia prácticamente descartaba el suicidio. Sin embargo, esto no bastó para que la Fiscalía modificara la tipificación del caso.

El 4 de octubre de 2018 la PDI elaboró el informe forense 215, en el que se detallan los resultados de las pericias que se practicaron al cordel con el que apareció colgada Valdés. Había dos trozos: uno de ocho metros y otro de uno. El más largo contenía el ADN de una persona de sexo femenino distinta a Macarena. Sin embargo, este informe se traspapeló y desapareció del expediente hasta que fue reintegrado luego que el error fuera advertido por la parte querellante.

Según señaló a este corresponsal una de las abogadas de la parte querellante, Patricia Cuevas, este informe ha implicado que la fiscalía sólo indague la participación de mujeres, alguna de las cuales han sido citadas para que se le tomen muestras biológicas.

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Lo señalado por Cerda y Ravanal en su informe es coherente con lo relatado por Rubén Collío. En la entrevista él relata que el 22 de agosto de 2016 Valdés “apareció muerta dentro de nuestra casa, colgada de una viga, en unas circunstancias que nos causaron dudas y sospechas desde un primer momento”. 

Explica que ese día vio a su compañera a la 13:00 horas en su hogar –a un kilómetro del domicilio más cercano– tras lo cual él acudió a la casa de un vecino a arreglar un computador. La dejó con el menor de sus hijos mientras que él partió con otro –de cinco años– a realizar su tarea. Ella iría al Consultorio (centro de salud) de Liquiñe en el autobús de las 14:30 horas. 

“Entre la 1:00 y las 2:30 (PM) ella se dedicó a arreglar su bolso para salir. Allí quedaron los pañales de nuestro bebé, la tarjeta de control del consultorio. También preparó comida para que nosotros almorzáramos cuando regresáramos de trabajar”, dijo.

Collío indica que “Macarena no alcanzó a salir a tomar el bus. Alguien la asesinó antes. Alguien entró a nuestra casa y la mató”. 

Narra que antes de que él volviera a casa, llegó otro de sus hijos, Francisco, que entonces tenía 11 años. “La encontró colgando. Cortó la cuerda y salió desesperado a buscar alguien que lo ayudara”.

Cuando Rubén volvió vio a Francisco en la puerta de su casa, llorando. Entró a su casa y allí vio a su bebé, de un año y ocho meses, junto al cuerpo de su madre. Allí la abrazó por última vez.

Collío explica en entrevista que previo al deceso, se habían registrado movilizaciones que buscaban impedir la construcción de la hidroeléctrica de RP Global, ya que su puesta en marcha implicaría entubar el río Tranguil en un tramo de ocho kilómetros.

La molestia creció cuando Saesa, la empresa que trabajaba en la construcción de la central, taló sin autorización bosque nativo y comenzó a instalar torres de alta tensión en lugares habitados.

El 1 de agosto (de 2016), Macarena y él encabezaron una manifestación que tuvo cortada la ruta internacional Coñaripe-Liquiñe. Enseguida se intensificaron las amenazas contra ambos. “Llega gente hasta nuestra casa a decirnos que nos tenemos que ir”, recuerda Collío.

El 21 de agosto, trabajadores vinculados a Saesa fueron a la casa de Mónica Paillamilla, dueña del terreno donde vive la familia Collío-Valdés. “Le dijeron que nos tiene que echar, porque si no, algo muy grave le iba a pasar a mi familia”, dice Collío. 

Pailamilla confirmó este hecho, según consta en el reportaje “El caso de Macarena Valdés: ¿Homicidio o suicidio?”, publicado en el semanario The Clinic el 31 de enero de 2019.

El 23 de agosto (de 2016), día del funeral de Valdés, fue aprovechado por Saesa para instalar postes y cableado eléctrico asociados a la construcción de la central. Aunque no tenían autorización legal, contaron con el resguardo de los Carabineros de Chile.

El informe Clark

El patólogo británico John Clark es un referente mundial de la medicina legal. En este caso, lo primero que destaca Clark en su informe –solicitado por la parte querellante y que en los próximos días será presentado ante la Fiscalía– es “la falta de una descripción detallada de cómo fue encontrada muerta” Valdés. Esto, a su parecer, “hace que la interpretación de los hallazgos post mortem sea difícil”.

En este mismo sentido el legista británico planteó: “La cuerda implicada como la usada no tenía una ligadura típica para colgarse, ya que era excesivamente larga y no tenía un nudo obvio. Incluso, si este último fue cortado en el momento de bajar el cuerpo, ¿por qué no se hicieron comentarios en el informe de autopsia ni se incluyó alguna fotografía?”.

La autopsia fue realizada por el doctor Enrique Rocco, del SML de Valdivia, sobre el que pesan denuncias de severas irregularidades en su práctica profesional. 

Pese a las deficiencias de las pericias que tuvo a la vista, Clark emitió un veredicto científico sobre la base de los elementos disponibles. En sus conclusiones advirtió respecto a la existencia de signos atípicos que permiten considerar la participación de terceros en la muerte de Valdés:

“La marca de ligadura en el cuello, aunque no completamente incompatible con la de suicidio por ahorcamiento, es lo suficientemente inusual como para plantear preguntas sobre su causa. Lo más importante es considerar si la muerte podría haber sido el resultado del estrangulamiento con ligadura por otra persona o personas, es decir, un elemento apretado fuertemente alrededor del cuello que impida la respiración.”

Siguiendo con su razonamiento, Clark precisa: “Aunque en casos de suicidio por ahorcamiento, las víctimas pueden moverse violentamente (…) y posiblemente causar que la ligadura se mueva sobre la piel, sin duda, en mi propia experiencia de cientos de estos casos, no es común una marca tan irregular como esta”.

Más adelante Clark sugiere, a la luz de la evidencia disponible, que Valdés murió “no por ahorcamiento suicida, sino por estrangulamiento por ligadura, con un objeto que alguien más sostenía alrededor de su cuello y lo apretaba con fuerza”. 

Ravanal agrega –en entrevista con Proceso– que “una marca de ligadura horizontal en el cuello detrás de la oreja no es concordante con una suspensión por ahorcamiento sino con una estrangulación. Y eso es lo que tenía Macarena Valdés: la superposición de dos marcas con distinto patrón: una horizontal de estrangulación; y otra con un trayecto ascendente, sin signos de vitalidad, concordante con ahorcamiento post mortem”.