Aborda CIDH responsabilidad del Estado mexicano en el caso Pasta de Conchos

Hace 12 años en Coahuila murieron 65 trabajadores en Pasta de Conchos

Por Gloria Leticia  Díaz/ Apro

Ciudad de México (apro).- Después de 12 años de la tragedia en la mina carbonífera de Pasta de Conchos, Coahuila, en la que murieron 65 trabajadores, de los cuales permanecen sepultados 63, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará la responsabilidad del Estado mexicano en la negación de justicia y verdad para las víctimas y sus familiares.

El 24 de febrero pasado, durante el 167º periodo de sesiones llevado a cabo en Bogotá, Colombia, el organismo de derechos humanos de la OEA dio entrada a la petición de los familiares de los mineros víctimas de una explosión en la mina de Pasta de Conchos, en febrero de 2006, informó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

De acuerdo con la organización, que representa a los familiares de las víctimas, los cuerpos de los 63 mineros no han podido ser rescatados “debido a la obstaculización del Estado a la recuperación y sepultura digna de las víctimas”, sin contar con que no hay sanciones por la tragedia.

“El caso permanece impune, pues ningún funcionario ha sido sancionado penalmente, aun cuando el propio Estado omitió garantizar que diversas fallas de seguridad detectadas en la mina antes del siniestro se subsanaran, como lo documentó la propia CNDH en su recomendación 26/2006”, apuntó el Centro Prodh en un comunicado.

Para la CIDH, una de las razones para admitir el caso es que, “luego de doce años de ocurridos los hechos, no se han determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de los servidores públicos ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros”.

Ante la respuesta del Estado, la CIDH respondió que, “al tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado y no los familiares quienes deben impulsar el proceso” de rescate de los restos.

A ello se suma, que el organismo de la OEA decidió analizar el caso también desde la perspectiva las afectaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, lo que “abre la puerta a eventuales recomendaciones al Estado que tengan un impacto positivo para trabajadores, además de las vías para la justicia y verdad que se puedan abrir para las familias de los 63 mineros atrapados”.

izas

Tu opinión es importante

Minuto a Minuto

Minuto a Minuto