Como en México, Chile militariza la lucha antinarco / En opinión de Francisco Marín

Redacción MXPolítico.- Sin mediar debate ni al amparo de ninguna ley, el presidente Sebastián Piñera determinó incorporar a las Fuerzas Armadas (FA) a las tareas de combate al narcotráfico. La decisión, de dudosa legalidad, se da cuando el ejército está cuestionado por delitos de corrupción que tienen en prisión a dos de sus excomandantes en jefe y que involucran a gran parte de la oficialidad.

Durante la ceremonia de Juramento a la Bandera, el martes 9 en la Escuela Militar, Piñera firmó el Decreto Supremo 256, que dispone que las FA (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) se sumen “con tecnología, logística, transporte y vigilancia para combatir el narcotráfico”.

“Como presidente de Chile no sólo tengo el derecho, sino que también tengo el deber de combatir el narcotráfico y el crimen organizado con toda la fuerza y con todo el rigor de la ley”, dijo Piñera en su discurso.

En lo que se ha podido conocer del citado decreto, se da cuenta de que las “amplias y extremas características geográficas y condiciones climáticas de las fronteras chilenas obligan a que determinados sectores fronterizos sean reforzados con miras a la detección, prevención y control de ilícitos asociados al narcotráfico y al crimen organizado y transnacional”.

Piñera expresó a este respecto que “para aumentar la eficacia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado vamos a firmar hoy un decreto que permite y facilita la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas, en conjunto con nuestras policías, en el control de nuestras fronteras. (…) Quiero dejarlo muy en claro: el narcotráfico, el crimen organizado es un enemigo que hay que combatir sin tregua, sin cuartel, sin darle ninguna ventaja y utilizando todos los instrumentos a nuestra disposición”.

Según la orden presidencial, será el ministro de Defensa, Alberto Espina, el encargado de dirigir las operaciones que las FA realicen en las fronteras para detener el narcotráfico.

Las críticas

Los cuestionamientos a la decisión de Piñera no se hicieron esperar y vinieron de todos los frentes. El ultraconservador vespertino La Segunda manifestó en su editorial del viernes 12 sus dudas al respecto:

“En otros países –como México y Colombia– la participación de militares (en la lucha contra el narcotráfico) ha ido en paralelo con un aumento de la organización y el poder de fuego del crimen organizado, lo que se ha traducido en mayor violencia e inseguridad para las personas.”

La Segunda apuntó además que “la definición del rol de las FF.AA. en tareas de seguridad interna no debe ser consecuencia de un mero acto administrativo, sino que debiera ser discutido en el Congreso, como una política de Estado, de manera abierta y con la participación de los expertos y de la academia”, cosa que no ha ocurrido.

Ese mismo día, el prestigiado analista en materias de defensa y relaciones exteriores Raúl Sohr publicó una columna en el diario Publimetro, en la que expresó su rechazo a la decisión presidencial. Dando cuenta de la experiencia que en diversos países latinoamericanos ha tenido la implicación de las fuerzas militares en misiones antinarcóticos, expresó: “Los resultados en México, Brasil o Colombia, por destacar los más prominentes, han sido entre decepcionantes y desastrosos”.

Sohr afirmó que “suena bien ante la opinión pública cuando un mandatario habla duro, con toques belicistas, contra la lacra del crimen organizado”. Pero indicó que la experiencia de otros países sugiere actuar con cautela. “En México, los militares ingresaron de lleno a la lucha contra los cárteles en el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), una ‘guerra’ que a nuestros días deja un saldo de 150 mil muertes”.

El analista afirmó que “el arma más potente de los narcotraficantes es la corrupción, y para ello cuentan con recursos”, por lo que involucrar a las FA, aun en tareas secundarias, “es exponerlas a la infiltración por parte de elementos criminales”.

Diversos líderes políticos, desde la Democracia Cristiana hasta el izquierdista Frente Amplio, también han hecho ver su rechazo.

El diputado comunista Hugo Gutiérrez realizó el lunes 15 una presentación ante la Contraloría, en la que solicitó que se declare ilegal el decreto de Piñera. En entrevista con Proceso afirma que cuestiona la validez del Decreto Supremo 256 porque, según él, “contraviene claras normas de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro estado de derecho”.

Gutiérrez cita el artículo 101 de la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que circunscriben el rol de éstas a la defensa de la soberanía e integridad territorial.

Gutiérrez manifestó en su escrito que del análisis de dichas normas se infiere que “la conservación del orden público y de la seguridad pública” no están entre las atribuciones dadas por el ordenamiento jurídico a las FA, pues tales competencias están entregadas a la policía, ya sea Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones.

Por lo mismo, afirma que el decreto del presidente “no se ajusta a lo que establece ni la Constitución Política de la República ni el resto de la normativa legal al respecto”. Muchos parlamentarios y no pocos constitucionalistas subrayan este mismo punto y será la Contraloría la que zanjará el asunto.

Gutiérrez, que es abogado especialista en derechos humanos, subraya en la entrevista que el texto íntegro del decreto de Piñera aún es desconocido: “Por lo que tenemos conocimiento, va a permitir la participación de las Fuerzas Armadas en el combate del narcotráfico y el combate al crimen organizado”.

Señala: “No tenemos claridad de cómo va a operar. Se dice que las Fuerzas Armadas sólo van a cooperar en labores logísticas, de vigilancia, transporte y aseguramiento de las tareas policiales, pero se menciona que realizarán funciones operativas”.

En relación con esto último, advierte que puede derivar en que el Ejército participe en redadas y detenciones de narcotraficantes, “lo que sin duda contraviene la misión para las que existen las Fuerzas Armadas en Chile”.

El parlamentario comunista reclama que “se quiere incorporar a las Fuerzas Armadas a un combate para el cual no han sido adiestradas”.

Asegura que son los tribunales de justicia los que deben dictaminar si ciertas personas cometieron o no ilícitos. “Involucrando al Ejército en el combate contra la delincuencia se sugiere que hay que matar de inmediato, sin previo juicio, lo que por supuesto desnaturaliza la misión de las Fuerzas Armadas”.

Considera que esto es grave por las circunstancias en que ocurre: “Ahora hay clara evidencia del compromiso de las Fuerzas Armadas con la corrupción”.

En su parecer, esto hace que aquellas “puedan ser permeadas por una asociación ilícita que maneje grandes cantidades de dinero, con el cual puedan adulterar la misión de los militares, tal como ha ocurrido en Colombia y México”.

Populismo

En respuesta a los cuestionamientos al decreto de Piñera, el ministro Espina, en compañía del titular de Interior, Andrés Chadwick, intentó disipar –el miércoles 10, en el Palacio La Moneda– algunas de las interrogantes generadas. Expuso que, si en los patrullajes que habitualmente realizan los militares en zonas fronterizas, detectaran sospechosos de narcotráfico, “lo reportarán inmediatamente a las policías para que actúen y los detengan”.

Asimismo explicó que las FA facilitarán vehículos para movilizar policías:

En determinadas circunstancias “las policías no han podido trasladarse a zonas distantes para detener a una persona, porque no había un vehículo a disposición”, por carencias de recursos. En contraste, explicó que las FA tienen numerosos medios de transporte, como “aviones con visión nocturna, y con medios para detectar exactamente por dónde entran los narcos, lo cual puede resultar un aporte para determinar en qué puntos se ubicarán las unidades policiales”.

Apuntando a los críticos, Espina martilló: “No critiquen después si las poblaciones se llenan de drogas”.

Como los ataques no menguaron, el propio Piñera debió salir a defender la medida. El jueves 11 bajó de su despacho, ubicado en el segundo piso de La Moneda, al Patio de Los Naranjos de este simbólico palacio dieciochesco. Provisto de dos hojas se dirigió a los periodistas allí reunidos.

“¿Por qué firmé este decreto? Para evitar que las drogas sigan llegando y envenenando a nuestras escuelas y barrios. La droga mata a nuestros niños.”

Se explayó: “Sé que algunos han manifestado críticas, pero mi obligación es proteger a nuestros jóvenes de ese flagelo, que debilita nuestra democracia e instituciones”.

Enseguida afirmó que “ha aumentado la producción de cocaína y otras drogas en Perú y Bolivia, con los cuales compartimos extensas fronteras; y en Colombia ha alcanzado niveles récord”. Dijo que una parte significativa de los traficantes de drogas “usan a Chile como país de tránsito o de consumo final”.

Añadió: “Chile es muy vulnerable al narcotráfico”, por lo que necesita “una vigilancia más severa y eficaz”.

Remató diciendo que “nuestras Fuerzas Armadas están preparadas y harán un gran aporte en la lucha contra el narcotráfico”.

La decisión presidencial estuvo precedida por diversos llamados y gestiones en pos de involucrar a los uniformados en la lucha contra el narcotráfico. El 22 de mayo María José Hoffmann, Álvaro Carter, Osvaldo Urrutia, Cristhian Moreira y Juan Fuenzalida, diputados de la filopinochetista Unión Demócrata Independiente, presentaron un proyecto de ley que denominaron “Paz para nuestras poblaciones”.

En este proponen que se autorice a las FA a ingresar a los barrios, ya que supuestamente “la gente pide a gritos” su presencia “para vivir tranquilos”.

Esta propuesta fue entonces descartada por Chadwick, quien afirmó que “son las policías las que tienen las competencias, la preparación y el trabajo profesional para combatir al narcotráfico”.

“¿Qué pudo haber cambiado tanto en tan poco tiempo para que ahora la posición sea exactamente la contraria?”, se pregunta el Diario Universidad de Chile, en editorial del viernes 12.

Allí se sugiere que el “gobierno estaría girando una vez más hacia una agenda de mano dura contra la delincuencia, exacerbada como tantas veces por ciertos sectores partidarios y medios de comunicación, para revertir la caída sistemática que ha venido teniendo el Ejecutivo y el propio presidente en los últimos meses”.

Efectivamente la aprobación de Piñera ha caído a niveles muy bajos para una administración que apenas cumple un tercio del periodo presidencial de cuatro años.

Según un estudio demoscópico del Centro de Estudios Públicos, dado a conocer el 13 de junio, la aprobación del mandatario es sólo de 25%, lo que representa un descenso de 12 puntos en relación con la medición del trimestre anterior.

Autor:  Francisco Marín 

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