Abre SCJN juicio contra ley antifactureras

Redacción

NoticiasMX.- Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad que pide invalidar parte de la reforma que convirtió a ciertos delitos fiscales en delincuencia organizada y amenaza a la seguridad nacional, sin derecho a libertad bajo fianza para los acusados.

La acción 130/2019 fue promovida por el ex titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, en sus últimas horas en el puesto, para impugnar parcialmente el decreto publicado el pasado 8 de noviembre.

El Ministro, cuyo nombre aún no publica la Corte, dio este miércoles 15 días hábiles al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para que rindan informes y envíen copias de los antecedentes legislativos de la reforma.

La Corte no tiene plazo para resolver, y la admisión de la acción no suspende la vigencia de las leyes impugnadas.

La CNDH aún no publica detalles de su demanda, pero el acuerdo de turno en la Corte menciona los aspectos reclamados de la reforma, que son:

El fraude fiscal y contrabando por más de 7.8 millones de pesos, y la emisión de facturas por servicios inexistentes, se convirtieron en delito de prisión preventiva forzosa, sin que se hubiera reformado el artículo 19 de la Constitución, que es el que detalla este tipo de ilícitos.

En un cambio sin precedentes, los delitos fiscales mencionados también fueron incorporados a la Ley de Seguridad Nacional, que no es de carácter penal, para ser clasificados como "amenaza a la seguridad nacional".

Eso quiere decir que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) puede intervenir comunicaciones para indagar estos casos, aunque sólo para recopilar información, no para aportar pruebas a un juicio.

González Pérez también cuestionó la nueva redacción del artículo 113 Bis del Código Fiscal, que tipifica el delito de expedición de facturas por servicios inexistentes, mismo que ya era penalizado desde 2014.

Lo que la CNDH no impugnó fue la inclusión de los tres delitos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) puede también desplegar intervención de comunicaciones privadas, y aplicar muchas otras medidas excepcionales para perseguirlos.

Esta acción se suma a otras que González Pérez presentó este año para pedir a la Corte que anule aspectos relevantes de las leyes de la Guardia Nacional y Extinción de Dominio, así como la asignación automática de plazas laborales a egresados de escuelas normales prevista en la nueva reforma educativa, entre otras.

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