Condena unánime: la peor cara de México en materia migratoria

Redacción MX Político.- Ante la primera caravana de migrantes de 2020, el gobierno federal reforzó las medidas de seguridad a lo largo de los 965 kilómetros de la frontera sur del país para frenar la entrada de indocumentados centroamericanos –en particular los procedentes de Honduras– que intentan llegar a Estados Unidos atravesando territorio nacional.

Efectivos de la Guardia Nacional (GN), del Instituto Nacional de Migración (INM), así como de la Marina y de la Policía Militar formaron un muro de contención casi impenetrable en la localidad del Ceibo, en Tenosique, Tabasco, y el Suchiate, en la zona baja del Soconusco de Chiapas.

En esos puntos, agentes migratorios y de la GN frenaron a los casi 5 mil integrantes de la caravana de centroamericanos. Y empezó la cacería contra quien intente desplazarse hacia la frontera con Estados Unidos.

El viernes 24 ya habían sido deportadas 867 personas; 627 de ellas vía aérea y 240 vía terrestre. Ese mismo día en Ginebra, Suiza, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH),­ Michelle Bachelet, expresó su rechazo al uso de la fuerza perpetrada por la GN contra los migrantes centroamericanos.

En rueda de prensa, Elizabeth Throssell, portavoz de la ACNUDH, expresó que “el uso de la fuerza para detener o dispersar migrantes –en este caso de las caravanas– debería ser evitado, incluyendo el uso de armas no letales”, reportó Apro.

Y añadió: “El uso de la fuerza –y esto incluye el uso de fuerza menos letal– tiene que ir en línea con los principios de necesidad, proporcionalidad y contención”.

Andrej Mahecic, vocero del Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR), apoyó lo dicho por la oficina de Bachelet y agregó que es indispensable que las autoridades mexicanas recuerden que “están sujetas a leyes internacionales en lo que se refiere a las normas de protección de refugiados”.

Según Mahecic, “cualquier persona que afirma huir de la violencia, que teme por su vida o corre peligro y clama por asilo, tiene derecho a solicitarlo y se le debe autorizar para permanecer en el territorio en donde lo pide”.

Claudia León, del Servicio Jesuita de Atención a Migrantes, así como miembros del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, integrado por organizaciones civiles y activistas defensores de derechos humanos, consideran que, literalmente, “hay una cacería humana”.

Los patrullajes en hoteles y posadas en la plaza central de Tapachula, donde siempre se concentran los centroamericanos, se han multiplicado. Esta persecución policiaca militar por parte del Estado mexicano sólo traerá que los migrantes busquen vías de mayor riesgo para intentar llegar a Estados Unidos. Y eso sí, con cuotas más altas que impongan los traficantes de personas; en ese negocio muchos agentes federales de migración son los beneficiados, sostiene León.

La activista asegura que el gobierno mexicano ha sido indolente con el fenómeno de la migración y que tiene la falsa idea que de que todo se reduce a generar empleos en los países centroamericanos, cuando la realidad es otra y no la quieren ver. 

El acoso

Melisa Vértiz, del Grupo de Trabajo de Política Migratoria, una red de la sociedad civil formada por organizaciones y personas que trabajan a favor de los derechos de los migrantes, asegura que en la frontera sur mexicana se está registrando “la peor cara de la política migratoria que haya tenido México a lo largo de su historia”.

Es lamentable que México haya cedido ante Estados Unidos su política migratoria a cambio de cero aranceles y demás sanciones comerciales. La estrategia de contención y control migratorio –comenta– está ahora al servicio de la política migratoria estadunidense expandida de forma extraterritorial hasta la frontera sur mexicana.

Vértiz, quien ha estado en la zona de campo observando este fenómeno social migratorio, insiste en que México ha pasado de su política de puertas abiertas a una de violación sistemática a los derechos humanos de los migrantes; lo peor, acosa y fustiga ahora a los defensores de derechos humanos.

Dice que el gobierno mexicano no ha cumplido todavía con muchos lineamientos del “Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular”, malinterpreta a su conveniencia esos tres principios de “segura, ordenada y regular” y se pasa por alto el derecho a pedir a asilo o refugio de cada uno de los migrantes que así lo solicitan. 

Ahora no hay visa por razones humanitarias, ahora el gobierno está aplicando una política de deportación masiva fast track sin tomar en cuenta que muchos migrantes, al regresar a su país, podrían perder la vida por la inestabilidad y las amenazas que han recibido, según cuentan ellos mismos.

Dice que es urgente pasar de una política de seguridad nacional a una de seguridad humana; las redadas, la política del garrote y del gas lacrimógeno no deben imperar.

Con su política de criminalización de la migración, refiere Vértiz, el gobierno de López Obrador manda un mensaje muy negativo que se replica en la sociedad mexicana, donde hay ya un rechazo al migrante, un discurso de odio y discriminación como el que sufren los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Es urgente, comenta, que el Congreso de la Unión asuma un papel de contrapeso y deje de avalar todas las políticas públicas, incluso represivas, del Ejecutivo. Según ella, la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur debe ser un llamado a reformar las leyes migratorias y armonizar otras para tener una política más humanitaria y menos lesiva hacia los migrantes.

Luis Rey García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, e Irineo Mujica, del organismo Pueblos Sin Fronteras, han sido gaseados igual que los migrantes, por acompañar a quienes integran las caravanas. 

Ambos han sido perseguidos y encarcelados; incluso han sido señalados de lucrar con el fenómeno migratorio, pero no se intimidan.

El jueves 23 García Villagrán estaba con los miembros de la caravana de migrantes, ayudándoles a llenar un formato de solicitud de refugio ante la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (Comar), de la Secretaría de Gobernación. 

Ya se habían elaborado mil 118 solicitudes; incluso Alma Delia Cruz Márquez, de la Comar, y Paola López Rodas, del INM, habían acordado los trámites. Sin embargo, todo se vino abajo con la cacería.

“Hubo una represión terrible y salvaje por parte de la Guardia Nacional, del Ejército y de elementos del INM. De tal manera que hay muchos heridos, incluso un niño, al que se llevaron inconsciente los paramédicos”, dijo García Villagrán.

Acusó al gobierno de López Obrador de tener un doble discurso, pues por un lado ofrece puertas abiertas con una migración regularizada, ordenada y segura, pero por otro lado recurre a la represión y deportación masiva. 

jvg

 

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