Sentencia contra Sergio Aguayo vulnera la libertad de expresión en México, alerta la ONU

Redacción MX Político.- Ante la sentencia contra el académico y columnista Sergio Aguayo, que lo obliga a pagar 10 millones de pesos al ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira por daño moral, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, alertó el riesgo que acarrea esta decisión para el ejercicio de la libertad de expresión, al tiempo que sugirió realizar cambios normativos para evitar la autocensura.

Al expresar su preocupación por la sentencia emitida el 10 de octubre por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de la Ciudad de México, Jarab puntualizó que “puede afectar seriamente la libertad de expresión en México, en particular por el monto exorbitante que se le ordena pagar a un académico y periodista”, en tanto que “la reacción cautelosa de la prensa ante esta sentencia puede ser una muestra de este efecto intimidatorio”.

Para la ONU-DH el caso puede tener un “efecto silenciador para futuros señalamientos sobre la actuación de funcionarios púbicos que pudieran tener responsabilidades en relación con violaciones de derechos humanos, debilitando la rendición de cuentas”, toda vez que uno de las razones por las que Moreira demandó a Aguayo fue porque el columnista refirió que el ex gobernador sería responsable “por lo menos por omisión, de graves violaciones de derechos humanos perpetrados bajo su gestión”.

Para Jarab “la llamada ‘protección del honor’ de destacadas personalidades contrasta con la falta de respeto hacia la presunción de inocencia en general, cuando las autoridades hacen afirmaciones que estigmatizan o criminalizan a personas que no pertenecen a la élite, incluidas a las propias víctimas de delitos y graves violaciones de derechos humanos”.

Tras destacar que la de Moreira se suma a una serie de demandas y sentencias por daños al honor y reputación, “promovidas en contra de voces críticas”, el representante de la ONU-DH hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para adecuar la legislación civil relacionada con protección al derecho al honor y reputación, “en línea con los estándares internacionales y llevar a cabo las necesarias adecuaciones para garantizar que el ejercicio de la libertad de expresión y opinión no sea objeto de censura”.

Jan Jarab apuntó que “los estándares internacionales son claros y determinan que los procedimientos civiles deben incluir criterios que impidan que la protección al honor y reputación, bienes tutelados por los sistemas regional y universal de derechos humanos se vuelva una herramienta de censura a quienes investigan e informan sobre las conductas de servidores públicos”.

El organismo recordó que durante la visita conjunta de los relatores especiales sobre libertad de Expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2017, expresaron su preocupación porque varios periodistas del país fueron sometidos a demandas civiles infundadas “que exigían el pago de cifras exorbitantes por supuestos daños originados por contenidos que han publicado”.

Desde entonces, los relatores recomendaron al Estado mexicano realizar reformas legislativas a fin de eliminar delitos que apliquen para criminalizar la libertad de expresión”, así como estipular en los códigos civiles “límites y criterios para las sanciones, conforme a estándares internacionales”.

En tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que “el simple hecho de considerar que una declaración insulta a una figura pública no basta para justificar la imposición de sanciones”.

 

jvg

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