Jamás perdamos fe ni esperanza en el largo brazo de la justicia  / En la opinión de Alfredo Martínez de Aguilar

Por: Alfredo Martínez de Aguilar

* El Primer Tribunal Colegiado en Cancún, Quintana Roo, giró orden de aprehensión contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, el empresario Kamel Nacif Borge y otros por el delito de abuso de autoridad y tortura, contra la periodista Lydia Cacho en 2005.

* La orden de aprehensión sienta un precedente sumamente trascendente al romper el nudo gordiano de la impunidad y sus amplísimas redes de corrupción y complicidad. Mal harán los gobernantes federales, estatales y municipales, si no ponen sus barbas a remojar.

(Al amigo y compañero de viejas batallas periodísticas Camilo Enríquez López, a su esposa e hijos, familiares y amigos. Un abrazo solidario. Descanse en paz)

¿Qué es finalmente el poder político en el mundo, en México y en Oaxaca? Al igual que la vida misma es tan solo un soplo fugaz en la inmensidad del universo. El máximo poder en México y Oaxaca solo dura seis años o menos.

¿Qué maldición pesa, entonces, sobre el poder político que marea a los inteligentes y a los pendejos, los enloquece, a pesar de su fugacidad? O quam cito transit gloria mundi ¡Oh, cuán rápido pasa la gloria del mundo!

Es por demás sabido que los pueblos tienen los gobiernos que merecen, pero a nuestro juicio en contrapartida los gobiernos, también tienen los pueblos que merecen. La dualidad de la ley de los contrarios, es la máxima ley universal.

De ahí que con optimismo, en el mejor sentido del realista informado, exhortemos a los mexicanos en general, en particular a los oaxaqueños y, especialmente a los periodistas, a no perder la fe ni la esperanza en el largo brazo de la justicia.

Después de 13 años con sus largas noches de insomnio una magistrada del Poder Judicial de la Federación, finalmente, giró orden de aprehensión contra el ex gobernador de Puebla Mario Marín, Kamel Nacif, Adolfo Karam y Juan Sánchez, por tortura contra Lydia Cacho.


El Primer Tribunal Colegiado en Cancún, Quintana Roo, giró orden de aprehensión contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres y el empresario Kamel Nacif Borge por el delito de abuso de autoridad y tortura, cometidos durante la detención de la periodista en 2005.

A través de un video publicado en redes sociales, señaló que son 19 presuntos responsables entre empresarios internacionales y funcionarios públicos, los autores intelectuales del delito de tortura que sufrió.

Recordó que en julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, emitió por primera vez una resolución en contra del Estado mexicano, que pide al gobierno la reparación del daño integral y reconocimiento de los crímenes en su contra.

La detención de Cacho se debió a la supuesta difamación y las calumnias contra el político y el empresario con la publicación de su libro "Los Demonios del Edén" en el que los señala como probables responsables de explotación sexual contra menores de edad.

La orden de aprehensión sienta un precedente sumamente trascendente al romper el nudo gordiano de la impunidad y sus amplísimas redes de corrupción y complicidad. Mal harán los gobernantes federales, estatales y municipales, si no ponen sus barbas a remojar.

Asimismo, "técnicamente" Marín, Karam y asociados son prófugos de la justicia, ya que el caso instruido en su contra por "tortura psicológica", no admite fianza por tratarse de un delito grave considerado de lesa humanidad, cuya acción no prescribe.

Ese año, en la ciudad de Cancún, la periodista fue aprehendida y trasladada por carretera esposada a Puebla donde elementos de la policía local la golpearon y abusaron sexualmente de ella.

Un año después, fueron difundidas las grabaciones de las llamadas telefónicas entre Nacif Borge y el ex gobernador Marín Torres en las que refirieron la colusión para detener a Lydia Cacho.

El tribunal señala que el 26 de noviembre de 2018, se había negado la orden de aprehensión en contra de los implicados, sin embargo, se presentó una apelación con lo que se pudo liberar la orden desde el pasado 11 de abril.

Por su parte, la periodista Lydia Cacho envió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que señala que en el caso ha habido corrupción y recuerda el hostigamiento que sufrió por lo que tuvo que dejar el país

"Sí, son 14 años de persecución, de abogadas y abogados, de pelear con el Sistema corrupto. De salir corriendo del país ante amenazas, de jueces y fiscales corruptos. El logro judicial es mío, de mi familia y abogad@s, de ustedes. Gracias".

La orden de aprehensión también fue girada contra el exdirector de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Karam Beltrán, y contra el excomandante Juan Sánchez Moreno, también por el delito de tortura.

A través de redes sociales se publicó el documento que prueba que la orden de aprehensión en contra del ex gobernador Mario Marín Torres, de Adolfo Karam, Kamel Nacif y Juan Sánchez Moreno, fue girada por la magistrada en Quintana Roo, María Elena Suárez, el pasado 11 de abril.

Ante el hecho, el círculo marinista "entró en shock" y buscó tramitar amparos para evitar que los implicados sean detenidos. Es así que contrataron al bufete jurídico Nassar Nassar y Asociados.

De acuerdo con lo dado a conocer, los abogados le compartieron que un amparo de fondo no implica que el imputado se presente personalmente en el Juzgado. El trámite lo puede hacer cualquier litigante del despacho.

Lydia Cacho señaló que el año pasado personajes ligados al gobierno del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, le entregaron un chaleco antibalas, el cual porta en su video, donde le aseguran que su vida corre peligro.
Sentenció que no es una mártir, por el contrario es una periodista profesional que desde hace 30 años defenderá los derechas humanos sin importar las consecuencias.

"No soy ni seré una mártir jamás soy una periodista profesional que a lo largo de 30 años ha trabajado por la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y mujeres del mundo, no me detendré a pesar del costo, hasta que todos terminen en prisión".

Además del priista, juezas, jueces y agentes ministeriales que intervinieron en el proceso penal contra la activista, estarían siendo investigados.

Las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instruyó  al Estado mexicano, procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas en 2005 contra la periodista Lydia Cacho. ¡Enhorabuena!


Detrás de la Noticia
alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila

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