“Cumplir la ley es mejor que hacerla”: Thomas Jefferson / En opinión de Lilia Arellano

A la vuelta y vuelta, a decir y no decir, a prometer y, finalmente, comprometer a los ciudadanos a ser ellos quienes mediante una consulta determinen si debe procederse en contra de algún ex presidente porque las leyes actuales no lo permiten y por eso se envía de nueva cuenta una iniciativa en donde se permita castigar a los primeros mandatarios por actos ligados a la corrupción. Todo esto se traduce en una detención completa a cualquier ola en la cual pudiera salir perjudicado Enrique Peña Nieto, pero también quienes lo antecedieron, sin por ello permitir acciones de justicia en contra de los sobresalientes, complacientes y muy eficientes –en términos de negocios- miembros de sus respectivos gabinetes.

Para no ubicarse de lleno y mucho menos aprovechar esta oportunidad de oro para recuperar mucha de la confianza perdida de los ciudadanos, AMLO tiene una baraja de distractores, por cierto todos ellos verdaderamente importantes y en los cuales ya se puede insertar hasta la cena con el objetivo de vender por millones los cachitos de la Lotería, medio utilizado para hacerse de dinero aparentemente, porque todavía falta conocer si tal compra empresarial quedará como pago anticipado de impuestos, con lo cual la farsa se redondea porque no hay avión como tampoco dinero extraordinario para las arcas públicas, sino todo lo contrario, con tal de no desmentir al presidente y convertir en realidad su ocurrencia sobre el futuro de la aeronave ahora sí más costosa del mundo.

Otra carta conceptuada como directamente encaminada a la afectación ciudadana se encuentra en los cambios, reformas planteadas para el INE o mejor dicho contra el INE, al proponerse la desaparición de su autonomía protegida por una cortina en la cual se le controla a través de las próximas nominaciones de cuatro consejeros quienes, sumados al existente y al objetivo de obtener morenistas la presidencia, les otorga la posibilidad de maniobrar en las próximas elecciones como les venga en gana. Vistos los resultados, el empleo de una aplanadora ciega y sorda ante cualquier planteamiento de los opositores, los legisladores siguen las instrucciones recibidas. El INE no le fue útil al titular del Ejecutivo cuando se llevaron a cabo elecciones presidenciales, le escamotearon la llegada y no fue factor de decisión en el 2018 al obligarlo a llegar a un acuerdo con la “mafia del poder” en esos momentos presidida por Peña Nieto.

Esta sobre las curules la iniciativa presentada por el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer reformas a la ley en las cuales se pretenden modificar renglones de responsabilidad sobre jueces y magistrados, para hacer selectiva la participación de la Corte y generar jurisprudencia con tan sólo la emisión de una sentencia y no con cinco como actualmente se exige. Falta la referente a la Fiscalía en donde se incluye su operación interna y dos más para modificaciones hacia el Poder Judicial en su conjunto. Existe un renglón importantísimo: la homologación de Códigos para todo el país, renglón en el cual quienes imparten justicia consideran es de tal magnitud la diferencia existente que lo convierte en una roca en el camino. Al respecto y como habían solicitado debería hacerse una consulta pública para conocer de aportaciones y sugerencias hechas por los Fiscales de la República,  la titular en la CDMX, Ernestina Godoy, sostuvo en una Conferencia promovida por el despacho jurídico LIFS, tales consultas no pudieron llevarse a cabo debido a la premura con la cual debían entregar sus propuestas.

DE UNO EN UNO

En estos momentos, con una ola de violencia sin control y una impunidad ante la comisión de delitos prácticamente absoluta, es fundamental, sin duda, la reforma al Poder Judicial de la Federación, presentada por Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, la cual si bien no planeta cambios estructurales, si medidas para detectar y combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual. La iniciativa incluye modificaciones a siete artículos constitucionales (94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107) los cuales tienen que ver directamente con la impartición de la justicia y el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.  

Integrantes de organismos no gubernamentales, como Luis Tapia, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideran existen puntos positivos en la propuesta de Zaldívar, entre ellos el fortalecimiento de la defensoría pública. También el presidente López Obrador consideró un acierto fortalecer la figura de los defensores de oficio, luego de confirmar hará suyo el proyecto y lo presentará en su momento al Congreso de la Unión, esperemos luego de leer detenidamente la propuesta, a fin de que posteriormente no salga con que no la conocía. 

No obstante lo anterior, para Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado democrático de Derecho, en realidad no hacen falta reformas para mejorar el desempeño del Poder Judicial, pues en su opinión las leyes que hoy se tienen son suficientes, por lo cual se pronunció por mejorar su aplicación en la realidad, a través de acciones como la capacitación de los funcionarios que las llevan a la práctica. También Irene Tello, directora ejecutiva de la organización Impunidad Cero, coincidió: cambiar leyes no sirve para cambiar la realidad, es necesario las autoridades muestren voluntad política para mejorar el sistema existente.  

FARSA AL EXTREMO

Es totalmente deplorable que el primer mandatario lleve al extremo la farsa de la rifa del avión presidencial y siga ocupando con ella los principales espacios de los medios de comunicación nacional y con ello distrayendo a la opinión pública de los temas fundamentales de la agenda del país. En la cena de anoche con empresarios, afirmó 75 de éstos se comprometieron a comprar mil 500 millones de pesos de boletos de la rifa de los 2 mil millones equivalente al valor de esa aeronave. Esto es la mitad de los tres mil millones de pesos que se prevén obtener del sorteo el cual se llevará acabo el 15 de septiembre. Es lamentable se regocije el tabasqueño de los resultados alcanzados con su intervención ante los empresarios, quienes decidirán qué hacer con los billetes de la Lotería Nacional a adquirir: venderlos en sus comercios o bancos, entregarlos a sus trabajadores, utilizarlos para promover sus productos o, como alguien adelantó, regalarlos en comunidades indígenas. Legisladores de oposición consideraron el presidente extorsionó a los empresarios al comprometerlos a comprar los boletos de ese sorteo. 

La mentira de la rifa del avión presidencial, está visto, ya la llevo demasiado lejos. Ahora, no oculta su alegría porque los empresarios respaldaron, dijo, su decisión de rifar el equivalente al valor del avión presidencial. Confirmó les explico con el dinero que se obtenga de la rifa se comprarán equipos médicos para hospitales, cuando precisamente al sector salud en su administración le han estado restringiendo los recursos con la aplicación de la austeridad republicana, la lucha contra la corrupción, la centralización de los servicios, el despido de trabajadores de confianza, y la concentración de la compra de medicamentos en la Secretaría de Hacienda, lo cual derivó en una crisis inocultable en el sector, la cual les estalló en las manos. 

DEMOCRACIA EN RIESGO

Dentro de los temas de la agenda nacional en este momento destaca la designación de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Ante los intentos de los integrantes de la Cuarta Transformación por obtener el control absoluto del órgano electoral y con ello tener en sus manos el dominio de los procesos comiciales próximos, con lo cual se generaría una nueva fuente de controversia, descalificación política y, en suma, de erosión de nuestra imperfecta democracia, la cual retrocedería al menos cuatro décadas, empresarios, ex consejeros electorales y analistas políticos presentaron a la Cámara de Diputados, el martes pasado, un decálogo de buenas prácticas para asegurar que el proceso de designación de los cuatro nuevos consejeros del INE sea transparente, equitativo y  un motivo de orgullo nacional. 

Empresarios como Gustavo de Hoyos, los ex consejeros electorales Jacqueline Peschard, María Marvan, Arturo Sánchez, y ex funcionarios y académicos como Luis de la Barreda, Salomón Chertoriviski y Pedro Salazar propusieron la designación sea aislada de otros cálculos político electorales, y se evite el proceso sea moneda de cambio para avanzar o aprobar otras reformas legislativas, o para negociar otros nombramientos que involucren al Congreso. El decálogo propuesto plantea la definición se haga en parlamento abierto y se cumpla la paridad de género tanto en la integración del Comité Técnico de Evaluación como en la definición de los integrantes del Consejo General del INE. También pidieron privilegiar el consenso entre las fuerzas políticas y considerar un calendario de trabajo que dé espacio suficiente al Comité Técnico para el apropiado desahogo de sus tareas. 

El miércoles, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, advirtió: si no se defiende el régimen democrático actual y las instituciones electorales que se construyeron en 40 años con la participación de las fuerzas políticas “nos lamentaremos de que se nos haya ido de las manos, y no hayamos hecho nada para defenderla”. 

SOBRE LOZOYA “NO VAMOS A CEDER”: AMLO

Ismael Moreno, juez de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional de España, decretó la “prisión provisional incondicional y comunicada” y sin derecho a fianza en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, detenido el miércoles en una zona residencial en las inmediaciones de la ciudad de Málaga, al sur de España. Lozoya se negó a ser extraditado a México. El magistrado Moreno le informó al ex funcionario mexicano los delitos de corrupción por los cuales fue detenido a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, es decir, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. El juez justificó la prisión incondicional como medida cautelar al estimar había “riesgo de fuga”, dado que Lozoya se encontraba prófugo de la justicia desde mayo pasado. 

En México, el presidente López Obrador aseguró: “Yo creo que no se debe dar tregua a la corrupción, siempre he sostenido que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes (…) No vamos a ceder en nada, cero corrupción, cero impunidad”. Argumentó la acusación contra Lozoya está sustentada en pruebas y se castigará de acuerdo a la ley. 

Al ser cuestionado por un presunto pacto de impunidad con el ex presidente Enrique Peña Nieto, López Obrador negó cualquier pacto secreto, pero se opuso a un juicio contra el ex mandatario. “Lo que yo plantee, que no es ningún pacto secreto, lo dije en mi toma de posesión y lo repito, es que nosotros no íbamos a presentar denuncias en contra de ex presidentes, que considerábamos que teníamos que ver hacia delante. No quedarnos anclados en el pasado, que lo más importante era la condena al régimen neoliberal, al régimen corrupto”. 

DE LOS PASILLOS

Representantes de la cúpula empresarial pidieron a los senadores no reformar la legislación laboral y sólo aplicar la normatividad vigente, aunque reconocieron, durante el Parlamento Abierto en Materia de Subcontratación, malas prácticas y abusos en el outsourcing. Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no se presentaron a la sesión, pero sus representantes se pronunciaron en contra de la reforma propuesta por el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, y alertaron: de aprobarse el dictamen se pondrá en riesgo la inversión y la estabilidad laboral. También los dirigentes sindicales de la Confederación de Trabajadores (CTM), Tereso Maedina y Claudia Esqueda, aseguraron la reforma sólo tiene fines recaudatorios, “dejando desprotegidos a los trabajadores”. Casi al final de la quinta y última mesa de discusión, Gómez Urrutia respondió a los señalamientos de los “seudolíderes sindicales” y destacó es inadmisible alguien se manifieste en contra de que se erradique la defraudación  al IMSS. 

El estancamiento de la economía el año pasado se reflejó en la desocupación laboral. Al cierre de 2019 se contabilizaron más de un millón 942 mil mexicanos sin trabajo, la cifra más alta en los últimos cuatro años, de acuerdo a reportes del Inegi. Además, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al cuarto trimestre del año, indicó que la desocupación laboral en el país mostró su primer incremento en cinco años. También se incrementó la población que ya tiene empleo pero busca otro para complementar sus necesidades.  De acuerdo a la ENOE, en 2019 se alcanzó el nivel máximo de precarización laboral en el país. La tasa de condiciones críticas de ocupación, que se refiere a la población que trabaja más de 35 o 48 horas por menos de dos salarios mínimos, fue de 18.8 por ciento, es decir, una quinta parte de los trabajadores se encuentra en esta condición. 

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