La nación más grande y más potente es débil si le falta la justicia”: Manuel José Othón / en opinión de Lilia Arellano

El futuro de la pretendida reforma al sistema de administración y procuración de justicia no sólo depende de la capacidad de los funcionarios de la Cuarta Transformación de ponerse de acuerdo entre ellos y consensuar los anunciados, sino de la opinión y visto bueno de las autoridades estadounidenses. Tan es así fueron frenados los radicales cambios a las leyes en la materia. Se apostó en los regímenes anteriores a las modificaciones e implementación del sistema judicial acusatorio, al cual le destinaron, incluso, recursos económicos. Desgraciadamente, éstos se quedaron en el camino y en los bolsillos de diversos funcionarios, no sólo federales sino también estatales quienes fueron los receptores y, como sucede en muchas áreas, simplemente desaparecieron sin haber sido aplicados correctamente. 

A fin de dar seguimiento a los acuerdos logrados el pasado 5 de diciembre, donde autoridades de Estados Unidos y México se comprometieron a  promover el Grupo de Alto Nivel de Seguridad de ambas naciones para combatir la delincuencia organizada y al crimen que opera de forma transfronteriza, el Fiscal General de EU, William Barr, se entrevistó este jueves con su homólogo mexicano Alejandro Gertz Manero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, así como con los titulares de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y  de Marina, José Rafael Ojeda Durán, además del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, para evaluar las acciones a fin de frenar el tráfico de armas hacia nuestro país, el trasiego internacional de drogas y el lavado de dinero. Mucho se debió analizar sobre la intentona de impulsar en el Congreso otra reforma al sistema judicial del país y sobre todo estuvieron prestos escuchar la opinión del Fiscal estadounidense sobre el particular.  Lo anterior quedó aderezado haciendo del conocimiento de Barr pasos firmes y seguros en marcha para legalizar todo lo relacionado con la mariguana.

William Barr, tras su llegada a México y a dos días de la incursión de una nueva caravana de migrantes procedente de Honduras rumbo hacia Estados Unidos,  se reunió en privado con su homólogo mexicano, Alejandro Gertz Manero, por alrededor de una hora. Intercambiaron información sobre la investigación que se realiza en ambas naciones contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa. También abordaron el problema del tráfico de personas y de armas, así como las acciones para atacar el de fentanilo, precursor químico considerado el más letal actualmente. Basado en el argumento de aportaciones económicas suficientes a partir de la firma del Plan Mérida para lograr la capacitación de juzgadores e investigadores, el Fiscal de EU presentó “sugerencias” a las modificaciones pretendidas y presentadas por los principales responsables del gabinete legal de AMLO.

Posteriormente, el fiscal estadounidense se traslado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde participó en una reunión con los integrantes del Gabinete de Seguridad del Ejecutivo Federal (secretarios de Defensa, Marina y Seguridad y los titulares de Protección Civil, el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional),  y los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Olga Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard, respectivamente. Ahí se acordó la creación de un programa binacional contra el tráfico de armas, drogas y recursos financieros de las redes de delincuencia trasnacional. Se incluyo en la agenda otra “opinión” respecto a lo relacionado con las disposiciones sobre los migrantes, regular su estancia en México o su deportación o cualquier otro ordenamiento con el cual se impida la llegada de estas caravanas a territorio gringo. 

En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana informaron el acuerdo para la implementación de operativos en la frontera con medios tecnológicos no intrusivos para detener el trasiego de municiones y armas a México. Sobre el programa binacional, indicaron éste se extenderá en tierra, mar puertos y aeropuertos, reconociendo al crimen organizado como un ente económico cuyas finanzas deben ser atacadas. También fue abordada la cooperación binacional en materia de reducción del consumo de drogas y combate a las adicciones, así como la necesidad de tratar al fentanilo como un problema común. 

La delegación de Estados Unidos, encabezada por William Barr, estuvo también integrada por el embajador Christopher Landau; el subprocurador general asistente, Bruce Swartz; el ministro consejero de la embajada, John Creamer,; el coordinador de asesores del fiscal general, Brian Rabbit, y el agregado jurídico de la embajada, John Capinen. Una vez puestas sobre la mesa las indicaciones, otra caravana, la compuesta por camionetas blindadas color negro, transitó por las principales avenidas de la capital de la República, despertando gran curiosidad entre conductores y transeúntes. Los semáforos se pusieron en cadena, todos con el color verde para agilizar el tránsito de estos vehículos.Ninguna calle o avenida fue cerrada y tampoco se escucharon los recuerdos a las progenitoras. Nueva imagen, no transformación.

A PARLAMENTO ABIERTO REFORMA AL SISTEMA JUDICIAL

Por falta de consenso entre los funcionarios encargados de la seguridad en la administración lopezobradorista, se retrasó la presentación de la reforma en materia de justicia en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del PRD demandó las iniciativas deben ser analizadas a Parlamento Abierto pues, consideraron, violan los derechos fundamentales de las personas indiciadas y de las víctimas, resultan contrarias a principios fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, y vulneran los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. A fin de subsanar los riesgos que esas iniciativas implican, demandaron sean analizadas en Parlamento Abierto. “El grupo parlamentario del PRD se manifiesta abiertamente en contra de estas iniciativas y solicita la realización de un parlamento abierto para analizar la problemática del sistema penal de nuestro país y la conformación de un grupo de trabajo plural para examinar, en su momento, estas iniciativas. 

Los proyectos legislativos retirados para su revisión, advirtieron, crean un “súper Ministerio Público” el cual podrá actuar sin vigilancia judicial alguna, desmantelan el recién implementado Sistema de Justicia Penal Acusatorio sin ninguna evaluación de sus resultados, y crea la figura de los jueces y magistrados en materia de responsabilidad penal, quienes procesarán a sus pares por la presunta comisión de delitos. Los nombramientos serán responsabilidad exclusiva del Senado de la República. “El paquete de reformas pretende construir un súper Ministerio Público autorizado para realizar cateos, intervención de comunicaciones telefónicas, decretar arraigos y otros actos de molestia sin supervisión del Poder Judicial y por una gama de delitos inconmensurable dada la discrecionalidad que se le otorga”, subrayaron. 

Los legisladores perredistas señalaron “se pretende crear una figura de mega jueces y magistrados encargados de vigilar, como policías, a los jueces y magistrados del Poder Judicial y dependerán directamente del Senado de la República, transgrediendo con ello no sólo la autonomía del Poder Judicial, sino sometiéndolo, en los hechos, a los designios políticos de control senatorial”. Acusaron a la Fiscalía General de República (FGR) de pretender dar tres pasos hacia atrás al generar un Código Nacional de Procedimientos Penales que desmantela el sistema penal acusatorio. 

Acusaron las iniciativas amplían los casos excepcionales en materia de arraigo, prisión preventiva oficiosa, intervención de comunicaciones privadas en materia fiscal y electoral, detenciones en flagrancia, retención ministerial, determinación de medidas cautelares, cateos y otras medidas que restringen los derechos humanos. Además, advirtieron, limitan los derechos procesales de los imputados, al no otorgarles el acceso pleno a la carpeta de investigación y abre la posibilidad de que las pruebas obtenidas por medios ilícitos, como la tortura, sean tomadas en consideración y valoradas en el juicio, violando con ello todos los preceptos internacionales en la materia.

La nota risible la da la pretensión de hacer obligatorio el trabajo penitenciario porque ¿en cuales talleres? Antes ¿ya se consideró junto con la Secretaría del Trabajo cuales serían las percepciones salariales los reos? ¿trabajarán gratis y sólo recibirán a cambio ser considerados para una reducción de condena? ¿Pagarán así para lograr su libertad en un tiempo menor? ¿Copiarán el modelo impuesto en las prisiones privadas? ¿Reconocerán al “Rey de la Mezclilla” como impulsor de estos trabajos y su intento de emular las prácticas del viejo Palacio Negro de Lecumberri? Si de ocurrencias se trata, los de la Cuarta carecen de límite ¿o no? 

 SENADO DE EU APRUEBA T-MEC

Justo cuando el Capitolio abre un juicio político en su contra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump obtiene una gran victoria política al aprobar el Senado de ese país el nuevo Tratado Comercial con México y Canadá (T-MEC), con 89 votos a favor y 10 en contra. El nuevo acuerdo comercial sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado en 1993, abriendo nuevas disciplinas como el comercio electrónico, pero con duras reglas de origen en materia automotriz. Se pondrá en marcha si otra cosa no sucede la segunda temporada de un acuerdo cuyo padre mexicano fue el mero, mero de la antaño llamada “mafia del poder”, neoliberalismo de por medio y vigente.

Los fiscales del juicio político contra el presidente Donald Trump presentaron ante el Senado los cargos por los cuales se juzgará al mandatario. Adam Schiff, Jerrold Nadler, Zoe Lofgren, Hakeem Jewffries, y los representantes Sylvia García, Val Deming y Jason Crow, presentaron la resolución de los artículos por los cuales se acusa a Trump: Abuso de poder  y Obstrucción del Congreso. El primero acusa al magnate de haber abusado de su poder presidencial al pedir a Ucrania investigar a un rival político, Joe Biden, lo que sería una intervención en las elecciones de este 2020; en el segundo se le acusó de obstruir las investigaciones del Congreso en torno a este tema, al bloquear testimonios y ordenar que no se cooperara. 

México ya ha aprobado el T-MEC y ahora sólo falta Canadá de hacer lo propio en las próximas semanas. “Todos los ojos están ahora puestos en Canadá para hacer el trabajo rápidamente para que todos podamos trabajar juntos para implementar este acuerdo”, indicó Charles Grassley, presidente del Comité de Finanzas del Senado de EU. El T-MEC incluye temas laborales y ambientales en su texto central; en materia laboral, los demócratas lograron introducir un mecanismo de respuesta rápida para evitar abusos contra el sindicalismo libre en México. Sólo falta la rúbrica de Trump para recabar la canadiense.

DE LOS PASILLOS

Los trabajadores mexicanos retiraron el año pasado de sus cuentas individuales de ahorro para el retiro un total de 12 mil 152 millones de pesos, la cifra más elevada desde 1997, año en el cual nació el esquema de las Afore. El récord de retiros por desempleo de las cuentas se da en un contexto en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó los empleos creados durante 2019 sumaron 342 mil 77, prácticamente la mitad de los 660 mil 910 plazas que se generaron en 2018. El factor clave detrás del aumento de retiros está en la débil situación económica por la que atraviesa el país, la cual se ha reflejado en una menor generación de empleo, lo cual obliga a los trabajadores a buscar alternativas, destacó el especialista en pensiones Moisés Pérez… 

El jueves, más de un millar de migrantes hondureños rompieron una barrera policial en la frontera de Guatemala para unirse a sus compatriotas quienes salieron en caravana rumbo a Estados Unidos huyendo de la pobreza y violencia. Los migrantes, quienes salieron desde la noche del martes de San Pedro Sula, 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, superaron el cerco policial para cruzar el puesto fronterizo guatemalteco de Agua Caliente sin hacer el trámite migratorio. Esta nueva caravana tiene la advertencia de que no se le permitirá entrar a México, declaró el presidente guatemalteco, Alejandro Giammatte… No obstante, los primeros integrantes de ésta llegaron a la frontera con México y aguardan el arribo del resto de los integrantes antes de intentar cruzar al país. Al menos un centenar de centroamericanos estaban apostados en la comunidad de Tecún Umán, del lado guatemalteco. De acuerdo con informes preliminares, esperan la llegada de aproximadamente tres mil personas en la caravana que partió ayer. En la ribera del Suchiate, que divide a México y Guatemala, miembros de la Guardia Nacional recorren los distintos pasos informales que existen para el cruce legal de personas y mercancías…

Hasta el momento, suman 13 entidades adheridas al nuevo modelo de salud, reportó Juan Antonio Ferrer, titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi): Tabasco, Chiapas, Yucatán, Veracruz, CDMX, Colima, Baja California, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí y Puebla. Las 19 entidades restantes aún están en proceso de adhesión. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, los estados que decidan no unirse al modelo, se les asignarán sus recursos para la atención médica y tienen hasta fin de mes para decidir. “Es voluntario, es libre, 15 días para que ellos decidan si se adhieren o van a participar o no en el plan, hay ahora 13, faltan 19 para se exactos, no hay ningún problema, se les van a transferir sus fondos y ellos se hacen cargo de la atención médica y los servicios de salud si no se adhieren, nosotros donde se aplique el programa garantizamos que la atención médica y medicamentos sean gratuitos para mejorar la calidad del servicio”, dijo el titular del Ejecutivo federal… 

Policías federales inconformes con su adhesión a la Guardia Nacional se manifestaron en el centro de mando de la corporación en Anillo Periférico, a la altura de la base Contel, en Iztapalapa, y argumentaron no les han pagado lo que les corresponde. “¿Qué necesidad de incumplir y generar caos? Si ya había acuerdos, etcétera, ¿qué pasa con este gobierno? De plano los quieren joder o de plano entre ellos se meten el pie”, escribió en Twitter el abogado de los manifestantes, Enrique Carpizo…


Autora: Lilia Arellano

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