“Quien no castiga el mal, ordena que se haga”: Leonardo Da Vinci / En opinión de Lilia Arellano

Redacción MXPolítico.- .- A unos días de cumplirse cinco años de la trágica desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la incertidumbre sobre su paradero persiste, la impunidad permanece, las complicidades entre las autoridades locales y las organizaciones criminales están a la vista, las contradicciones entre el entonces gobierno estatal, encabezado por el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y el ex fiscal estatal Iñaki Blanco, confrontados con el entonces procurador Jesús Murillo Karam, autor de la “verdad histórica”, perduran y obstaculizan aclarar el caso. A eso debe agregarse la secrecía de la información mantenida por el Ejército hasta la fecha, pese a los ofrecimientos del presidente Andrés Manuel López Obrador de aportar toda la información en su poder, y la condenable actuación del Poder Judicial, cuyos jueces han permitido la liberación de presuntos responsables de los delitos imputados. Por todo esto, la investigación reiniciará prácticamente desde cero.

Ante el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el fiscal especial del caso, Omar Gómez, los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, externaron sus preocupaciones por la liberación de detenidos por el caso, el avance en la indagatoria interna contra funcionarios de la PGR y las líneas de investigación que no se indagan. Pidieron enjuiciar al ex procurador Jesús Murillo Karam, y al encargado de la investigación en la administración anterior, Tomás Zerón de Lucio.

Tras más de dos horas de reunión en el salón Tesorería de Palacio Nacional, Gertz Manero se comprometió a retomar la investigación desde el principio, con todas las líneas de investigación abiertas, y con base en las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); reconstruir las indagatorias para volver a ejercer acción penal contra los implicados ya liberados si es el caso, examinar las irregularidades internas y armar una estrategia para que no se liberen a más implicados. Aseguró presentará los avances de la nueva investigación en diciembre.

Durante el encuentro pactado con la intermediación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien permaneció tan solo 23 minutos, para dar un nuevo impulso a la investigación, estuvo presente el subsecretario y presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, e integrantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como Ángela Buitrago, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, y las organizaciones civiles que acompañan a los familiares.

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador hizo un llamado a quienes tengan información sobre el caso Ayotzinapa para que aporten datos, y ofreció protección del gobierno. “Si hay personas que intervinieron, que cuenten con la protección del gobierno, si desean ayudar informando sobre el paradero de los jóvenes, todo lo que se pueda hacer, independientemente de procesos legales es un servicio que se presta a la Patria si se informa lo que se sabe (…) Hago un llamado a todos los que tengan información sobre ese caso, que ayuden, porque ésta es un herida abierta, esto tiene que ver con la justicia, con el humanismo y también con el prestigio, la fama de México”, declaró.

AMLO adelantó sólo daría una presentación y saldría de la reunión: “Por respeto a la autonomía de la Fiscalía, -me- voy a introducir a la reunión, a expresar que se cumple con el compromiso de solicitarle formalmente al Fiscal, respetuosamente, que les informe con amplitud a los padres y a las madres de los jóvenes de Ayotzinapa y me voy a retirar”. Tras la reunión con el fiscal general de la República, los padres de los normalistas desaparecidos destacaron los compromisos de Gertz Manero para encontrar a los jóvenes, dar con los responsables y garantizar no habrá impunidad.

“Fueron básicamente tres compromisos: el primero es reconstruir todas las investigaciones, iniciar casi del principio y obviamente comenzar por las irregularidades cometidas; el segundo es mantener comunicación directa y sin interferencias con el fiscal especial para el caso Ayorzinapa. Y un tercer compromiso: vamos a verlo al inicio de diciembre para hacer un balance de qué tanto han avanzado las investigaciones”, informó Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas.

“La confianza se va a ir construyendo conforme se vayan avanzando en las investigaciones”, señaló Cristina, madre de uno de los desaparecidos.

Aunque de todo este caso sobresalen situaciones para un análisis más profundo.

Siendo quienes ahora ocupan el gobierno opositores, se empeñaron en señalar al Ejército, en exigir se abrieran las puertas de la Zona Militar bajo el supuesto de haber llevado ahí a los jóvenes e inclusive utilizar supuestos hornos crematorios. Insistieron en la participación de equipos de investigación extranjeros y ninguna de esas exigencias se hizo presente ahora. Partir de cero es invalidar los estudios y las opiniones vertidas como las de los del GIEI; evitar mediante estrategia jurídica se sigan liberando a supuestos culpables se contradice con la fabricación de pruebas para llevar a los señalados dentro de la “verdad histórica” tras las rejas. Lo único al  parecer congruente es la investigación sobre Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón, ambos responsables de encontrar tanto a los jóvenes como a sus secuestradores. Lo demás no deja de ser mera verborrea y, como dice Rosales, ya veremos en diciembre.

PEÑA NIETO SE NEGÓ A RECIBIRME: AGUIRRE RIVERO

Hora antes, el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y varios de sus colaboradores comparecieron ante la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. El ex mandatario acusó que el entonces presidente Enrique Peña Nieto “se negó a recibirme” y conocer la versión estatal.

Aguirre Rivero lamentó su gobierno haya sido desplazado de la indagatoria por la entonces PGR. “El ex fiscal (Iñaki Blanco) sentó las bases de esta investigación; la mayor parte de las personas consignadas por él siguen en prisión, no hubo tortura”, sostuvo. Por su parte, Iñaki Blanco refirió la Fiscalía a su cargo no pudo establecer el móvil de los hechos y entregó a la PGR un expediente con 33 personas consignadas, quienes no han salido de prisión. “Lo que está probado es que fueron integrantes de Guerreros Unidos y policías municipales de Cocula e Iguala a su servicio quienes privaron de la libertad a los muchachos. Esto guarda exacta correspondencia con las intervenciones telefónicas de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) que hasta ahora se conocen. Hay algunas dudas a manera de cabos sueltos y entiendo que (en eso) están trabajando la comisión (para la verdad) y la FGR”.

A la fecha, muchos de los elementos de la llamada “verdad histórica” se han desvanecido, y a pesar de todo el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sostiene no sentir temor a ser investigado y sigue manteniendo la veracidad de sus indagaciones, que llevaron a juicio a 142 presuntos involucrados, pero de los cuales ya han sido liberados más de 50 por ciento por presuntos actos de tortura en su contra y otras faltas al debido proceso. “Actuamos en función de tiempos muy encimados, pero ni mentimos ni inventamos nada”, sostuvo en un entrevista para La Jornada.

Murillo Karamn sostiene en el caso Iguala, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no hay sustento en los argumentos que llevaron a la liberación de inculpados en estos hechos, es increíble de veras (…) Para mí, los impartidores de justicia que (lo) conocieron de origen analizaron correctamente el expedientes, ya que el cúmulo de pruebas era inmenso. Creo que los nuevos jueces no revisaron ninguna evidencia, afirmó el hidalguense.

El ex titular de la PGR mantiene la versión de su “verdad histórica”: en términos ministeriales los hechos y pruebas confirman que hubo un grupo de estudiantes que fueron privados de su libertad, llevados al basurero, quemados en él y sus restos lanzados al río, y ello quedó acreditado con un mensaje que envío Gildardo López Astudillo, “El Gil”, a Sidronio Casarrubias Salgado.

La reunión de los ex funcionarios estatales del gobierno de Aguirre Rivero, fue encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Segob, y estuvieron presentes los ex secretarios de Seguridad Pública y de Gobierno estatales, Leonardo Vázquez y Jesús Martínez, respectivamente, y el ex fiscal del estado, Iñaki Blanco. Vázquez es uno de los 235 ex funcionarios federales y estatales denunciados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien habrían incurrido en irregularidades, delitos y omisiones durante las investigaciones por los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Vidulfo Rosales, representante legal de las víctimas, dijo al termino del encuentro hubo varios puntos planteados que no fueron respondidos ni por Aguirre ni por sus ex colaboradores. “Hay varias preguntas, huecos de información, por ejemplo la relación que tendrían elementos de la policía ministerial (de la entidad) con Guerreros Unidos. Otros datos apuntan a que varios policías estatales tuvieron los teléfonos de los estudiantes. Todos esos cuestionamientos se hicieron”, informó y acusó: “ellos están dando evasivas, no están respondiendo. El ex secretario de Seguridad Pública dijo que él no tiene esa información. También se le cuestionó que antes del hallazgo del basurero de Cocula, la policía estatal ya tenía custodiado ese lugar.

¿Hubo alguna referencia al matrimonio Abarca? ¿Se habló del montaje de su captura? ¿Murillo, su “verdad histórica y la culpabilidad sobre jóvenes cuyos rostros no se vieron pero siguieron un guión a toda vista preparado, está verdaderamente tranquilo?¿De dónde sacaron al forense o al encargado de los crematorios capaz de sostener quemaron más de 4 decenas de cuerpos utilizando llantas? ¿Han mencionado la lluvia de la fatal noche y madrugada de la supuesta incineración? ¿Dónde están las investigaciones sobre la supuesta droga transportada en el camión en donde iban los normalistas? No son pocas las interrogantes de quienes ven lo oscuro del caso y la poca seriedad con la cual se está tratando tan dolorosa tragedia por parte de los “transformadores”.

AUMENTO AL PETROLEO INCREMENTA GASOLINAS: HERRERA

A lo largo del año sí hay un incremento al precio del petróleo el cual impacto en el costo al que se compra la gasolina, admitió Arturo Herrero, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien acotó el gobierno ha realizado ajustes al IEPS por medio de estímulos para mantener el costo del combustible estable. El precio del petróleo estaba en 54 dólares y tuvo un brinco a 62.9 dólares en los últimos días, resaltó en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Herrera aceptó el incremento en el precio del petróleo impacta en el de la gasolina: en el precio observado hay una variación de 19 pesos a 19.36 pesos. Ante las fluctuaciones, confirmó, se ajustan los estímulos al IEPS para reducir este impuesto y mantener estable el precio. La versión oficial sobre las repercusiones que, paradójicamente, debieron ser favorables por la producción petrolera existente es una, la de la iniciativa privada es otra.

El efecto del estímulo fiscal es incierto y es una decisión de política hacendaria. “Es como conducir un auto, con un pie en el acelerador y otro en el freno, es decir, tienes el IEPS de un lado y el subsidio del otro”, ilustró Manuel Molano, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “Normalmente cuando el precio externo es alto, México relaja la carga fiscal al consumidor de gasolina a través de reducir el IEPS que se cobra por cada litro de gasolina o diésel. Mientras, que, cuando el precio está bajo, Hacienda recupera ese dinero, subiendo el IEPS por cada litro de combustible”, explicó. 

Los recientes ataques a las refinerías en Arabia Saudita podrían implicar un efecto positivo en las finanzas públicas de México, porque al elevarse los precios del petróleo, el país podría obtener mayores ingresos petroleros, pero México es un país más consumidor de petróleo y de petrolíferos, por lo cual al final la industria y los consumidores sí se verán afectados por estos cambios, señaló Molano.

Lo más importante de la situación en el mercado petrolero, es que el país sea transparente con los excedentes los cuales se podrán obtener de ingresos petroleros. “Hay que ver se transparente en los ingresos excedentes que se tengan, tanto por movimientos en el precio del petróleo como por movimientos en el tipo de cambio”, observó.

Por su parte, Rocío Nahle, secretaria de Energía, se pronunció por no modificar el precio del crudo de exportación de 49 dólares por barril establecido en el Proyecto de Presupuesto para 2020, porque el alza actual es temporal. Explicó que en las reuniones de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y los de la no OPEP la mayoría de los países casi todos tenemos una cuta de producción, previamente para mantener el precio estable. “Esto es un pico nada más”, insistió. Expertos consideran acotado el margen que tendrá el Congreso de la Unión para subir el precio estimado de la mezcla mexicana durante las discusiones del Paquete Económico para 2020 y estará condicionado por el precio con el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contrate las coberturas petroleras.

Un precio de la mezcla de 49 dólares por barril contempla el Paquete Económico 2020, pero los legisladores podrían estar tentados a ajustar al alza el precio del crudo para obtener más ingresos, pues de acuerdo con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar,

“hacen falta por lo menos 150 mil millones de pesos adicionales para el Presupuesto 2020”.

Carlos López Jones, editor en jefe de Tendencias Económicas y Financieras, consideró el Congreso no debe modificar el precio de 49 dólares, pues el ataque a instalaciones petroleras no cambia el escenario de desaceleración económica global para 2020, es decir, se mantienen las proyecciones de menor demanda del crudo y mayor oferta del producto. Otro factor que juega en contra de subir el precio de los 49 dpb es la viabilidad de la plataforma petrolera de 1.9 millones de barriles diarios proyectada para el próximo año, pues para considerar un alza en la mezcla mexicana es necesario saber los planes de Pemex con privados para aumentar la producción, indicó. 

TRANSAS EN LA RECONSTRUCCIÓN; AVANCE DE SÓLO 26% 

Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, reveló una de cada tres familias afectadas por los sismos de 2017 “jamás recibió recursos” para la reconstrucción, al presentar un informe del avance del programa respectivo por los sismos de 2017. A dos años de distancia, se tiene un avance del 26 por ciento en la reconstrucción de viviendas dañadas. El avance global de Programa Nacional de Reconstrucción es de apenas 30 por ciento. Funcionarios de la Sedatu acusaron a la pasada administración de mentir en las cifras sobre los daños y el avance de los trabajos.

El presidente López Obrador advirtió se aplicará la ley y no habrá impunidad para nadie por desvío de recursos del programa y sostuvo para finales del próximo año habrá un avance casi del total de reconstrucción. Este jueves se llevará a cabo un macrosimulacro para conmemorar el aniversario de los sismos de 1985 y 2017. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó se tiene previsto participen 10 mil 47 inmuebles, entre edificios públicos, mercados, unidades habitacionales, Pilares, escuelas, embajadas, Cetram, así como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Central de Abastos, el Instituto de la Juventud y 6 mil inmuebles particulares registrados.

En punto de las 10:00 horas se realizará el macrosimulacro, cuando el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) activará la alerta sísmica en los 18 estados participantes en este ejercicio, en donde se prevé la intervención de 6 millones 174 mil 767 personas, adelantó Miriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. El sonido se emitirá por los 12 mil 139 altavoces colocados en el territorio de la Ciudad de México operados por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), así como de las estaciones de radio y televisión que cuentan con el servicio de alertamiento. A partir de ese momento, se iniciará la evacuación masiva de inmuebles; para salvaguardar la integridad de los participantes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizará cortes a la circulación vehicular. Helicópteros del Agrupamiento Cóndores harán sobrevuelos y la Estimación Temprana de Daños estará a cargo de la AgenciaDigital de Innovación Pública (ADIP).

 DE LOS PASILLOS

Comparecencias ante el Pleno del Senado de la República: el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el primero de octubre. El canciller deberá explicar los acuerdos refrendados con funcionarios de la administración de Donald Trump para mantener el muro fronterizo humano a lo largo y ancho del territorio nacional a fin de contener la migración centroamericana hacia territorio estadounidense, y las violaciones a leyes vigentes por estas acciones, así como el dar la espalda a la tradicional política exterior mexicana para poder eludir aranceles a productos mexicanos por parte de Estados Unidos. El 3 de octubre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, deberá explicar a los legisladores el Paquete Económico 2020 y las proyecciones de política económica contenidos en el mismo, al cambiar el panorama internacional con los ataques a refinerías en Medio Oriente y persistir las condiciones del estancamiento económico del país, el cual impide alcanzar un crecimiento proyectado de 2 por ciento. El 10 de octubre tocará el turno a la secretaría del Bienestar, María Luisa Albores…

Las razones por las cuales México sigue resintiendo los efectos de la “guerra al narco” y la ola de violencia heredados de la administración de Enrique Peña Nieto y por qué la situación en vez de mejorar empeora día a día, deberá ser explicada por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en una fecha aún por acordar, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. También están por acordarse las fechas de las comparecencias de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el titular de Sedatu, Román Meyer, en comisiones legislativas…

En ese mismo recinto, el titular de la Jucopo asegura pasará le guste a quien le guste o le moleste a quien le moleste la revocación de mandato, tema al cual ya no se referían desde hace algún tiempo. ¿Será por la recuperación de la certeza de poder manejar la permanencia en el poder utilizando grupos violentos como el de la CNTE?

 

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