Dejan diputados sin presupuesto a “Comisión de la Verdad”

Juan Carlos Medrano/Dialogos Oaxaca
 
La LXIII Legislatura local prácticamente desapareció para el 2017 la denominada Comisión de la Verdad –conformada en el sexenio de Gabino Cué—al dejarla para el año entrante sin presupuesto, por lo que ahora únicamente falta se formalice la disolución del organismo.
 
De acuerdo al Presupuesto de Egresos 2017 aprobado el pasado viernes, la comisión integrada por la investigadora y maestra en antropología social, Marina Patricia Jiménez Ramírez; el periodista y escritor Diego Enrique Osorno González, así como el sacerdote y defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde, quien encabezó ese organismo autónomo, se quedó sin presupuesto.
 
En 2016 la Comisión de la Verdad tuvo un presupuesto por el orden de los 3 millones 158 mil 881 pesos con 98 centavos. Sin embargo en el Presupuesto de Egresos 2017 del gobierno de Oaxaca, el pleno legislativo lo dejó en cero pesos.
 
Y es que la denominada Comisión de la Verdad presentó el 17 de mayo su informe final sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos contra el pueblo oaxaqueño durante las revueltas de 2006 y 2007. El documento, con título “¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca”, consta de 1 ml 250 páginas y se divide en cuatro capítulos que tratan sobre la denuncia de hechos por parte de las víctimas, la represión del Estado, las consecuencias sociales de las violaciones a los derechos humanos y la procuración de justicia de las autoridades y reparación del daños, siendo la conclusión de los trabajos iniciados por la Comisión de la Verdad en noviembre de 2014.
 
La Comisión reportó que “en el contexto del conflicto social oaxaqueño de 2006 y 2007, ocurrieron 28 muertes […], algunos de los homicidios acaecidos podrían ser clasificados como ejecuciones extrajudiciales”, siendo una ejecución extrajudicial “la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de estos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga”.
 
Respecto a los señalamientos en contra del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz (2004- 2010), Nayely Guillén, integrante de la Comisión de la Verdad y especialista en derechos humanos, puntualizó que los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales son de lesa humanidad, por lo que no prescriben. “Ulises Ruiz no está a salvo de sus crímenes y no se ha salvado de sentarse en el banquillo de los acusados. Hay pruebas de las múltiples violaciones a los derechos humanos que realizó el ex gobernador”, enfatizó Guillén. Al respecto, el padre Alejandro Solalinde, ex presidente de la CVO, detalló “hasta el momento las instituciones del gobierno de Oaxaca no han dado señales de acoger el informe, es más, el gobierno de Gabino Cué ni siquiera ha dado señales de la existencia de este documento”.
 
Los ex comisionados destacaron que el documento es “la voz de las víctimas”, considerando que a partir de la presentación del mismo “las víctimas deben darle seguimiento, nosotros ya brindamos las herramientas, falta que ellos se empoderen del informe y luchen por la justicia”.
 
La Comisión de la Verdad fue creada el 25 de septiembre de 2013 y se constituyó para investigar las violaciones a los derechos humanos en los hechos ocurridos en 2006 y 2007, tras el desalojo fallido de profesores del zócalo capitalino por parte del gobierno que encabezaba Ulises Ruiz Ortiz, a fin de deslindar responsabilidades y castigar a los presuntos responsables de la violencia, los crímenes y la represión al movimiento social-magisterial, entre ellos al ex mandatario priista.
 
La primera iniciativa fue presentada por el diputado local por el PT, Flavio Sosa Villavicencio --uno de los protagonistas del movimiento--, en junio de 2011; la segunda, enviada por el gobernador Gabino Cué Monteagudo, en agosto del 2013.
 
De acuerdo con la propuesta del mandatario, el 2006 y parte del 2007 forman parte de un periodo de los más complejos desde el punto de vista sociopolítico, pues se tomaron decisiones de gobierno que derivaron en autoritarismo represivo, que lesionó el tejido social.
 
Por ello, planteó crear dicho órgano, que será independiente, imparcial y autónomo y que recabará datos sobre los sucesos, de naturaleza social, política y jurídica.
 
En la exposición de motivos, explicó que en el adéndum de fecha 4 de junio del 2012, como respuesta a las demandas del magisterio oaxaqueño en materia de justicia, el Gobierno del estado se comprometió a presentar una iniciativa de ley para la creación de la Comisión de la Verdad.
 
Por su parte, Sosa Villavicencio precisó en su planteamiento que la sociedad y sus instituciones están en la obligación de hacer lo que esté en sus manos para que el pueblo acceda a la justicia.
 
“Sin justicia no será posible la reconciliación entre los diversos sectores de la sociedad oaxaqueña. El primer paso para lograr la justicia es conocer la verdad de lo que sucedió en Oaxaca en los años 2006 y 2007, en relación con el movimiento social”.
 
“El derecho a conocer la verdad es sin lugar a dudas, uno de los principios que sustentan la base de una sociedad justa, libertaria y progresista”, expuso en su iniciativa.
 

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