14/02/2020 - 13:00

Redacción MX Político

Integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad "19 de Junio", reiteraron su exigencia de llevar a juicio y que se sancione a todos los responsables de los hechos ocurridos el 19 de junio del 2016 en Asunción Nochixtlán.

En conferencia de prensa, el abogado del Comité de Víctimas, Darinel Blas García, informó que el próximo 27 de febrero han sido citados a comparecer el ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo y Renato Sales Heredia, ex comisionado nacional de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además, aseguró que no dejarán de insistir que se siga investigando la cadena de mando policial y política hasta citar también al ex presidente Enrique Peña Nieto y a Enrique Galindo Ceballos, quien fungía como Comisionado General de la Policía Federal.

Señaló que la Fiscalía General de la República fue obligada por el Poder Judicial para ordenar las citas de los antes mencionados, derivado de los nuevos datos que han arrojado las investigaciones a propuesta de las víctimas.

Esto, se suma a toda una serie de entrevistas desahogadas dentro de la investigación, entre las que se encuentran los mandos de la Policía Federal y Estatal que estuvieron al frente del operativo y de quienes integraron el Grupo de Coordinación Oaxaca, entre los que destacan Jorge Alberto Ruiz Martínez, exsecretario de Seguridad Pública, y Raúl Ernesto Salcedo Rosales, actual secretario de Seguridad Pública de Oaxaca.

Precisó que a Gabino Cué Monteagudo le enviaron cuatro citatorios, dos a domicilios ubicados en esta capital y dos más en la Ciudad de México.

Manifestó que seguirán en la ruta para que las investigaciones del caso Nochixtlán alcancen a las estructuras más altas del gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que alertaban el nivel de riesgo que esta situación implica para la integridad de las víctimas y los abogados pues los intereses de los involucrados se verán afectados.

Insistió que la postura de los familiares y del Comité es la de no aceptar ninguna reparación del daño que intente sufragar el gobierno federal o estatal, así como tampoco el reconocer ningún compromiso o mediación que se dé sin el consentimiento de las víctimas para pactar cualquier tema relacionado con alguna reparación de daños, pues su exigencia es de justicia.