Senador denuncia “extravío” de 90 MDP de donaciones extranjeras para damnificados de los sismos

Redacción MX Político

En un punto de acuerdo presentado por el legislador, explicó que la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política del Senado prometió 50 millones de pesos; sin embargo, señaló el actual presidente de la Junta de Coordinación Política, que la aportación prometida “no aparece por ningún lado", y que por ello el Senado realizaría una auditoría externa para conocer el destino de esos recursos.

A estos recursos, se suman 91 millones de pesos que el gobierno mexicano recibió de donativos en dólares americanos, canadienses y euros, de los que no se sabe cómo ni en qué se gastaron.

Juan Zepeda mencionó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que el Estado no garantizó que los donativos fueran entregados en benecio de la población damnicada “porque no hubo mecanismos de control, administración ni distribución, y no hubo seguimiento al destino del dinero y, por tanto, no se pudo determinar si se utilizó de manera eciente.”

En su evaluación de los trabajos de reconstrucción tras los sismos ocurridos en 2017, la ASF reveló en el primer informe de la Cuenta Pública de 2018, retrasos, omisiones y fallas importantes en la reparación de hospitales, viviendas y centros educativos.

Sobre donativos, scalizó el trabajo realizado por la Secretaría de Hacienda y la de Relaciones Exteriores, instituciones entonces encabezadas por José Antonio Meade y por Luis Videgaray, respectivamente.

“La Auditoría señaló que la falta de claridad del destino de los donativos tanto nacionales como internacionales se debió a la falta de transparencia y de coordinación entre las dependencias, de transparencia en el registro y seguimiento de los donativos. 

Pero no determinó ninguna responsabilidad a funcionarios, ni instruyó a que los Órganos Internos de Control o la Auditoría Superior de la Federación a que sigan investigando”, dijo. Además, dijo que el Fideicomiso Fuerza México, iniciativa del sector privado, liderada por el Consejo Coordinador Empresarial y la duciaria fue una entidad pública, Nacional Financiera (NAFIN), creado para supuestamente “coordinar” y “conjuntar esfuerzos” con el gobierno, ha resultado opaco en el manejo de los recursos enviados para los damnicados.

El carácter privado del Fideicomiso “impidió que las entidades y dependencias del estado mexicano recibieran donativos, los administraran y destinaran a la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública, y dejó esa tarea al sector privado. Lo anterior evidenció la falta de un marco jurídico ordinario, en materia de donativos que permita regular los donativos que recibe el gobierno federal”, según señaló la ASF

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